¿Pueden hacer huelga los jueces y los fiscales?
No está nada claro que los jueces y los fiscales puedan hacer la huelga que algunos de ellos (un 75% según los convocantes, aunque se notó poco en Lleida) iniciaron ayer y mantendrán hasta mañana. Los magistrados son un poder del estado y se hace extraño que hagan huelga, como lo sería que la hicieran los diputados o el rey. Más raro aún es que el paro lo convoquen asociaciones judiciales (las conservadoras), que de esta forma se comportan como si fueran sindicatos, algo que está prohibido en la Constitución. Además, los propios jueces y fiscales establecen los servicios mínimos (son los únicos huelguistas que lo hacen, y además esos servicios mínimos los revisan los tribunales, es decir, ellos mismos), ya que el Consejo General del Poder Judicial no lo hace alegando que el paro carece de amparo legal. Pero todo lo dicho tiene una importancia relativa. Parece razonable que los jueces y los fiscales puedan utilizar fórmulas de negociación laboral porque, aunque son un poder del estado, también se pueden considerar funcionarios públicos. Otra cosa es que las asociaciones convocantes digan que se convoca la huelga porque el proyecto de reforma judicial que ha llevado el gobierno al Congreso atenta contra la independencia judicial. Eso no es verdad.
La reforma contiene alguna cosa disparatada, como la estabilización de los jueces sustitutos, que han accedido a la judicatura tras ser nombrados por magistrados de tribunales superiores sin otro requisito que el grado en derecho. Esos jueces sustitutos serán leales a los magistrados que los nombraron, no al gobierno. Otras medidas parecen positivas, como la creación de un centro público para formar gratis a los opositores, algo que puede perjudicar económicamente a algunos jueces que ahora cobran por hacer esas preparaciones. Pero la reforma judicial planteada por el ministerio de Justicia no plantea intromisión alguna en la independencia de la judicatura. Los jueces y los fiscales tienen un montón de motivos para reclamar mejoras laborales: falta de personal, colapso de los juzgados, imposibilidad de ofrecer una justicia rápida por falta de medios… Sería lógico que convocaran paros por estos y otros muchos motivos, o por la descabellada intención de estabilizar al millar de jueces y juezas sustitutos sin ningún objetivo de méritos, y sería conveniente que la convocatoria se hiciera a través de asambleas de jueces en cada juzgado, con el voto favorable de la mayoría, y no a través de asociaciones judiciales. Lo que no es lógico, ni honesto, es que planteen el paro como una defensa de la independencia judicial. La credibilidad hay que ganársela, y no tienen mucha las asociaciones conservadoras que ahora esgrimen este motivo para ir al paro y no hicieron nada parecido cuando el PP bloqueó durante 6 años la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
