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Pocas cuestiones generan tanto debate público como la seguridad ciudadana. Los datos ofrecidos ayer en la Junta Local de Seguridad celebrada en Lleida son claros: en el primer semestre de 2025 se han reducido los delitos en un 2,2%, con una media de 100 hechos delictivos menos por mes. Se han producido 1.093 detenciones, la cifra más alta registrada, y delitos como los robos con fuerza, hurtos y okupaciones han descendido notablemente. En l’Horta, donde la preocupación vecinal había ido en aumento, los robos en viviendas han caído un 66%. Este descenso es el resultado de una mayor coordinación entre cuerpos policiales, patrullajes preventivos y estrategias dirigidas contra multirreincidentes y redes delictivas organizadas. Sin embargo, estos avances no siempre se traducen en una mayor sensación de seguridad. En este ámbito, la percepción no siempre sigue a la estadística. A menudo, un solo episodio mediático o una decisión judicial polémica puede pesar más que decenas de operaciones policiales exitosas. Uno de los casos más representativos es el del sospechoso de haber robado y quemado cinco casas en l’Horta. Tras ocho meses de investigación, con indicios como la geolocalización de su móvil en las escenas del crimen, fue enviado a prisión preventiva. Sin embargo, una decisión inesperada de un juez de refuerzo ordenó su puesta en libertad con cargos, en contra del criterio de la Fiscalía y de sus propios compañeros del juzgado. Este tipo de decisiones resultan incomprensibles, alimentan la frustración y dan la impresión de que el esfuerzo policial es en vano. El sistema de garantías de un estado de derecho no está diseñado para satisfacer el clamor popular, pero eso no lo exime de una necesaria coherencia y comunicación más transparente entre instancias judiciales, especialmente cuando las decisiones generan impacto público. Las cifras no deben ocultar los problemas que persisten, pero tampoco deben quedar enterradas por una narrativa distorsionada del miedo. Hay que combatir la delincuencia con medios, coordinación y justicia ágil. Pero también hay que combatir la desinformación, el prejuicio y la sensación de abandono que muchas veces se infiltran en algunos barrios. La seguridad real y la percibida deben encontrarse. Y eso solo será posible si la verdad de los datos camina de la mano de la confianza ciudadana.

Apuesta industrial

Lleida es la segunda provincia con mayor volumen de producción porcina del Estado, solo superada por Huesca. Sin embargo, las cosas cambian mucho cuando se analiza el potencial en sacrificio. La apuesta industrial sigue siendo la asignatura pendiente de la demarcación.

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