Viviendas vacías cuando falta oferta de alquiler

La dificultad para poder acceder a una vivienda se ha convertido en uno de los principales quebraderos de cabeza para los jóvenes, tanto en Lleida como en Catalunya y España. El porcentaje de los que siguen residiendo en casa de los padres cuando han cumplido los 30 va en aumento, ya que la mayoría no tienen ingresos suficientes que les sirvan de aval para obtener un crédito hipotecario ni tampoco para afrontar el pago de un alquiler después de que los precios se hayan disparado en los últimos años debido a que la demanda en el mercado es superior a la oferta. Esto ha llevado a que Generalitat y Gobierno central hayan anunciado en los últimos años ambiciosas medidas para afrontar este problema, como la construcción de 50.000 viviendas de alquiler social que Salvador Illa prometió en octubre de 2024. Por eso todavía llama más la atención que en el registro de pisos vacíos u okupados que han sido objeto de procedimientos de desahucio o ejecución hipotecaria y están en manos de entidades bancarias y empresas figuren un total de 2.588 en Ponent y 25.443 en toda Catalunya. Además, según esta estadística oficial de la Generalitat, 932 y 9.460, respectivamente, están “vacíos en condiciones de habitabilidad”. La pregunta consiguiente es ¿por qué no se habilitan mecanismos que obliguen a poner en el mercado de arrendamiento este parque de viviendas que podría servir para aliviar uno de los principales problemas del país y en un plazo mucho más corto que el que comporta la construcción de nuevas promociones? No se trata de que la administración deba expropiarlas, sino de que adopte las decisiones pertinentes para obligar a sus titulares –insistimos en que se trata de personas jurídicas, no particulares– a facilitarlas para el alquiler social, con independencia de que sea a través de una cesión o bien asumiendo su gestión directa. Lo que no puede tolerarse en la actual situación es que continúen inutilizadas a la espera de que sus propietarios encuentren la ocasión de maximizar beneficios con alguna operación inmobiliaria. Por otra parte, también hay un número significativo de estos pisos (258 en la demarcación y más de 4.200 en Catalunya) que están ocupados de forma ilegal. Con toda probabilidad, al menos algunos de ellos forman parte del catálogo de viviendas en esta tesitura que están en venta a través de diversos portales inmobiliarios. Solo en Lleida ciudad hay mínimo 35. Así que hay que concluir que lo que está haciendo el mercado es normalizar una situación irregular, propiciada por un marco legal que eterniza los procesos de desahucio. Todo el mundo debe tener derecho a un techo, y por eso habría que ajustar la normativa para evitar tanto que haya un gran número de viviendas vacías como que en otras residan personas de forma irregular. Precisamente, el primer punto podría servir para ofrecer un alojamiento digno a todo aquel que lo necesite.