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La combinación de los efectos del cambio climático y del abandono de zonas rurales facilita los denominados incendios de sexta generación, que se caracterizan por su gran intensidad y por la alta velocidad a la que avanzan. El primero de este tipo registrado este verano en el Estado fue el que afectó el 1 de julio a la Segarra y la Noguera, que se cobró dos vidas y arrasó más de 5.000 hectáreas. Esta semana, se declararon varios casi de forma simultánea en el oeste y centro de España, los principales, en Zamora, León, Ourense, Cáceres, Toledo y Madrid. En total, son una quincena que han arrasado ya 90.000 hectáreas, han provocado la muerte de tres personas y heridas muy graves a al menos media docena, han calcinado numerosos inmuebles, vehículos y parajes naturales protegidos y han obligado a desalojar a miles de personas. A lo largo de los últimos años se ha registrado un aumento progresivo de la temperatura media, acompañado de largos periodos de sequía, mientras la práctica desaparición de los pequeños y medianos agricultores ha comportado que las fincas menos productivas y los márgenes de campos, caminos y bosques hayan sido invadidos por la maleza. Aquí llega la paradoja: ¿qué han hecho las administraciones ante este panorama? Pues, a tenor de lo que dicen los números, recortar las partidas destinadas a la prevención de incendios. La comunidad científica hace tiempo que alerta de que el calentamiento global amenaza el futuro de toda la humanidad, pero la realidad es que afrontar este hecho no es ninguna prioridad para ningún gobierno de los principales países del mundo, empezando por EE.UU., presidido por Donald Trump, que niega lo que demuestran todos los datos. Y España no es una excepción, ni a nivel autonómico ni estatal. Y por si fuera poco, PSOE y PP utilizan los incendios para avivar su enfrentamiento, en lugar de apostar por la colaboración institucional para afrontar un desastre de tanta magnitud como este.

Planes para controlar la fauna

La conselleria de Agricultura ha activado 4 líneas de ayudas dotadas con 1,5 millones de euros para subvencionar actuaciones de captura de conejos en el llano de Lleida, casi al mismo tiempo en que ganaderos del Pirineo protestaban contra la gestión de los daños que causa la fauna. Precisamente, el Govern informó ayer que en septiembre aprobará un plan para rebajar el riesgo de transmisión a la ganadería extensiva de la montaña de la tuberculosis, de la que son portadores animales salvajes. Estos planes son positivos, aunque desde que los payeses empezaron a quejarse hasta que la administración se decidió a actuar transcurrieron unos años que han hecho mayor este problema y más difícil de solucionar.

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