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“¡Qué escándalo! He descubierto que aquí se juega.” Esta es una de las frases más famosas de la mítica película Casablanca, con la que el capitán Renault justifica el cierre del café de Rick justo antes de que el encargado de la sala le entregue sus ganancias de esa noche. Es lo mismo que se puede afirmar ahora acerca del gran revuelo suscitado a raíz de que el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, afirmara la noche del lunes en TVE que “hay jueces haciendo política y políticos que tratan de hacer justicia” al referirse a las investigaciones que afectan a su mujer, a su hermano y al Fiscal General del Estado. No estamos diciendo que Sánchez sea un cínico, ni tampoco que los casos antes citados sean estrictamente un montaje. Simplemente que, por mucho interés personal y político que tenga en esta cuestión, solo ha constatado un hecho que es evidente. Como hemos señalado varias veces en esta misma sección, la gran mayoría de los jueces y fiscales del Estado llevan a cabo su labor de forma profesional, al margen de la ideología que tenga cada uno y, en muchas ocasiones, disponiendo de pocos medios. No obstante, hay algunos, especialmente en la cúpula del Poder Judicial, que actúan como si fueran una tercera cámara legislativa con capacidad para enmendar lo aprobado por las Cortes, en las que reside la soberanía popular. Solo de esta manera se entienden las trabas que pone el Tribunal Supremo para aplicar la ley de Amnistía una vez que ha sido avalada por el Tribunal Constitucional, o la interpretación que hizo de la ley en el proceso a los líderes del procés. También llama la atención que se lleve a juicio al Fiscal General por una presunta filtración –que casualmente afecta a la pareja de la presidenta de la comunidad de Madrid y dirigente del PP Isabel Díaz Ayuso– cuando prácticamente cada semana hay filtraciones que no pueden entenderse sin la colaboración como mínimo pasiva de ciertos magistrados, que después no son investigados por este motivo. Y a nivel individual, la instrucción del juez Peinado sobre el caso Begoña Gómez ha sido muy poco ejemplar, por decirlo suavemente y, reiteramos, sin entrar a analizar el fondo del asunto. En un estado de derecho, hay que acatar las sentencias, pero ello no implica que no puedan criticarse abiertamente, al igual que determinadas actuaciones judiciales. Lo que sería censurable es que el Gobierno de turno maniobrara para poder nombrar y cesar directamente a los jueces, pero este no es el caso. Ayer, la presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura atribuyó las críticas de Sánchez a que “posiblemente exprese así su desesperación porque su círculo más cercano está asediado presuntamente por la corrupción: su hermano, su esposa, su mano derecha en el partido, su otra mano derecha en el partido”. Una valoración que firmaría sin dudar cualquier líder del PP.

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