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Las últimas encuestas de intención de voto publicadas en Catalunya y España pronostican una fuerte subida de las fuerzas de ultraderecha. En el Parlament, Aliança Catalana podría pasar de los tres escaños actuales a una veintena, mientras que Vox también podría ganar alguno y en el Congreso de los Diputados se consolidaría como tercera fuerza. Ambos partidos se diferencian en que el primero propugna la independencia para Catalunya y el segundo defiende una política centralizadora para reforzar el Estado en detrimento de las comunidades autónomas. No obstante, coinciden en el eje fundamental de su rechazo a la inmigración. Sus líderes presentan a las personas de origen extranjero como las responsables de casi todos los actos delictivos y como las grandes receptoras de las ayudas sociales, como el ingreso mínimo vital. Son discursos de trazo grueso, que se replican a través de las redes sociales con la finalidad de que la población autóctona acabe pensando que faltan recursos públicos porque la mayoría de migrantes vienen a Catalunya o al Estado a vivir de subvenciones o, como alternativa, a delinquir. Es un mensaje que se parece peligrosamente a las diatribas que lanzaba Hitler contra los judíos, que acabaron calando entre los alemanes igual que ahora lo están haciendo en toda Europa las dirigidas contra los que llegan procedentes de países pobres. Es cierto que hay delincuentes entre ellos o que puede haber algunos que tengan como principal objetivo lograr ayudas, igual que sucede entre personas que han vivido siempre aquí. Lo que no puede hacerse es generalizar, sino aplicar la legislación vigente, sin diferenciar de dónde procede cada uno. El problema es que los ultras han conseguido su objetivo de situar la inmigración en el centro del debate político desde esta perspectiva, obviando sus efectos positivos. Sin ir más lejos, más de uno de cada cuatro afiliados a la Seguridad Social en la provincia de Lleida es de otra nacionalidad. Claro que hay que abordar qué políticas hay que aplicar en este ámbito, y no hay duda de que una de ellas debe ser que los recién llegados han de asumir principios básicos democráticos como la plena igualdad entre hombre y mujer o conocer la lengua propia del lugar de acogida. No obstante, da la impresión de que partidos como Junts y el PP, con su declaración de Murcia este fin de semana, lo abordan partiendo de los postulados de las formaciones que están a su derecha, que son precisamente la vinculación de inmigración con delincuencia y ayudas sociales. De esta manera, lo que hacen es reforzarlas, porque magnifican sus mensajes y los ciudadanos seducidos por estas ideas siempre preferirán el original a la copia. Lo ideal sería que las principales fuerzas democráticas consensuaran un gran pacto sobre esta cuestión, pero la polarización actual lo hace inviable.

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