Luchar contra el acoso escolar es cosa de todos
Las burlas entre escolares han existido siempre. Quizás por eso, cuando comenzó a hablarse explícitamente de acoso escolar o bullying a raíz de suicidios de menores que lo sufrían, hubo personas que opinaban que no había para tanto, que el problema era que los padres criaban a sus hijos en una especie de burbuja protectora que hacía que se derrumbaran al menor contratiempo cuando salían de ella. Por suerte, esta concepción va cambiando progresivamente y la sociedad y el departamento de Educación han ido tomando conciencia de la necesidad de adoptar medidas de prevención y de establecer pautas de actuación cuando se tiene constancia de este tipo de episodios. Actualmente, hay un Registro de Situaciones de Violencia y una Unidad de Apoyo a Alumnado en Situación de Violencia, y también se han impulsado acciones específicas en los centros para prevenir, detectar y abordar posibles casos de bullying. Los datos demuestran que es necesario seguir trabajando en esta línea, porque solo en dos cursos, entre 2022 y 2024, se notificaron un total de 51 casos en centros de Lleida, de acuerdo con la información facilitada por la conselleria en una respuesta parlamentaria. Es una cifra muy elevada y para reducirla no basta con la implicación del departamento, de los docentes y de los propios alumnos. Las declaraciones que publicamos en nuestra edición de ayer de Marina Solà, madre de un adolescente de Almacelles que se quitó la vida el pasado mes de julio, ilustran el camino a seguir. “Quiero concienciar a la sociedad de que tenemos que ponernos las pilas, que hay jóvenes que lo están pasando mal y no podemos dejarlos de lado. Debemos educar desde la empatía y el respeto”, afirmaba. En cambio, la polarización social y los prejuicios hacia los que son diferentes nos llevan por el sentido contrario. Y ello con el agravante de que las redes sociales y los móviles permiten que el acoso sea continuo durante todo el día, también fuera de las aulas.
Control de los controladores
El secretario y el interventor son figuras claves en la administración local, ya que una de sus funciones es controlar que el gobierno cumpla con la legalidad. Son muchos los trámites que necesitan su informe previo y que no pueden llevarse adelante sin él. Si se retrasan representan un obstáculo para la agilidad administrativa. El alcalde de Mollerussa denuncia que esto es lo que ocurre en su ayuntamiento a causa de una demora sistemática de los informes de intervención, por lo que pide que el Govern tome las riendas del consistorio. Sin entrar a valorar quién tiene razón en este caso, es cierto que no estaría de más que estos funcionarios con habilitación nacional también estén sujetos a un control.
