De Demetrio Madrid a García Ortiz
El Tribunal Supremo celebró ayer el segundo día del juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, acusado de un presunto delito de revelación de secretos, como supuesto autor de la filtración a un periodista de un mail en el que el abogado del empresario Alberto González Amador reconocía que este había cometido fraude fiscal y se mostraba dispuesto a alcanzar un acuerdo a cambio de una rebaja de la petición de condena. Al abordar este caso, hay que plantear la cuestión previa de si García Ortiz, que en la primera sesión negó haber cometido los hechos que se le imputan, se encontraría en esta tesitura si el autor del fraude fiscal no fuera el novio de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la comunidad de Madrid y líder del ala dura del PP. Precisamente ayer tuvieron lugar sendas declaraciones “estrella”, la de Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de Díaz Ayuso y que ha tenido un papel crucial en muchas de las informaciones publicadas sobre este asunto, y la del propio González Amador, quien se presentó como una víctima y culpó al fiscal general de haberlo convertido en un “delincuente confeso”. Mientras, el primero demostró una vez más su escaso compromiso con la verdad al admitir que difundió a un grupo de periodistas que un fiscal había recibido “órdenes de arriba” para parar un pacto con el novio de Ayuso, cuando no era así, por una “deducción lógica”, sin tener ninguna fuente que lo acreditara. Rodríguez comenzó su carrera política en los años ochenta como el asesor áulico de José María Aznar. Curiosamente, el despegue de ambos se vio impulsado por la utilización sin ningún reparo de la dimisión del entonces presidente de Castilla y León, Demetrio Madrid, en octubre de 1986, tras ser procesado por una denuncia de empleados de la empresa que había vendido años atrás. Esto le valió a Aznar acceder a la presidencia de esta comunidad en 1987. Madrid fue posteriormente absuelto de todos los cargos, pero Aznar y Rodríguez ya habían iniciado su carrera hacia el poder estatal.
Persona y cargo van juntos
El alcalde de Naut Aran, César Ruiz-Canela, fue condenado el lunes por abusos sexuales a una joven a la que acosó y levantó la falda en una discoteca. Deberá indemnizarla con 15.000 euros y pagar una multa de 3.240. Ya había sido condenado en 2011, cuando se quedó 10 meses sin carnet y tuvo que abonar una multa de 1.350 € por conducir ebrio y por desconsideración hacia los agentes que le hicieron la alcoholemia. Ni dimitió entonces ni se plantea hacerlo ahora, alegando que “se me ha juzgado como persona, en ningún momento como político”. Es un argumento huero, porque como cargo público está obligado a tener un comportamiento ejemplar.
