Una reforma administrativa buena... si se cumple
El Parlament aprobó el miércoles casi por consenso (con las únicas abstenciones de PP y Aliança Catalana) la ley que elimina la obligatoriedad de la cita previa para los trámites presenciales en las administraciones. En concreto, indica que “en ningún caso no puede ser obligatoria” y solo puede emplearse como una opción “para mejorar los servicios de atención presencial”. La cita previa se generalizó durante la pandemia de la Covid, cuando la normativa sanitaria hacía necesario evitar aglomeraciones, y después casi todas las administraciones la han mantenido. Esto les sirve para que sus servicios de atención al público puedan organizarse mejor. No obstante, en algunos casos se ha convertido en una barrera al acceso. Las quejas por la imposibilidad de encontrar cita en organismos como Extranjería, el Servicio Público de Empleo, la Seguridad Social o la Oficina Municipal de Atención al Ciudadano del ayuntamiento de Lleida están a la orden del día. Asimismo, este diario ha publicado quejas de personas que afirman haber tenido que pagar entre 50 y 100 euros por una cita en Extranjería a locutorios especializados en captar las horas disponibles que las administraciones activan periódicamente por vía digital. Por otro lado, esta ley establece que, si hay un pago indebido de prestaciones esenciales por un error de la administración, el afectado no deberá devolver el importe principal ni los intereses. Asimismo, reconoce el derecho de las personas a rectificar errores cometidos para evitar sanciones, siempre que se acredite que fueron cometidos de buena fe e indica que el lenguaje de las notificaciones administrativas dirigidas a los particulares deberá ser claro y comprensible. Sobre el papel, se trata de iniciativas que ayudan a facilitar el contacto de los ciudadanos con las instituciones, pero a estas alturas resulta ocioso reiterar que una cosa son las palabras y otra, los hechos. Basta recordar que la ley estatal de Procedimiento Administrativo Común, que entró en vigor en 2016, obliga a los organismos públicos a no solicitar documentos que pueden recabar a través de sus plataformas de datos. Casi diez años después, siguen sin hacerlo, vulnerando esta norma de forma flagrante.
El nuevo órdago de Junts
Tras aprobar hace unos días su ruptura con el PSOE, Junts anunció ayer que ahora irá un paso más allá y bloqueará todas las leyes que se tramiten. El objetivo es claro: forzar a Pedro Sánchez a convocar elecciones sin tener que participar en una moción de censura junto al PP y Vox. De momento, no hay nada que haga pensar que el líder del PSOE tenga previsto dar su brazo a torcer y, por otra parte, esta legislatura ya lleva tiempo encallada.
