La falta de gestión castiga a los payeses y las zepas
Más de un centenar de tractores participaron ayer en la marcha de protesta por el centro de Lleida ciudad contra las zonas de especial protección para las aves (zepas), organizada por diversos sindicatos y entidades agrarias. Los payeses argumentan que las limitaciones que impone la administración a su actividad en estas áreas, que suman un total de 540 kilómetros cuadrados, principalmente en el ámbito del canal Segarra-Garrigues, afectan a la viabilidad de sus explotaciones. Entre otras cuestiones, exigen poder disponer del mismo riego que en el resto de campos, que se permita la instalación de granjas o almacenes (afirman que la ley no los prohíbe), compensaciones económicas por las restricciones, que no se vete la plantación de frutales o que se gestione mejor la fauna cinegética que prolifera en estos parajes. Por ello, reclaman directamente su supresión. Hay que comprender su malestar, pero una de las claves que lo explica es que las instituciones implicadas –Generalitat, Estado y Unión Europea– no se han tomado realmente en serio la gestión de las zepas. Basta con señalar que fueron creadas hace quince años y todavía no se ha constituido el órgano rector que debería velar por la compatibilización de los cultivos y la conservación del medio. Como suele suceder siempre, esta movilización también ha generado controversia a nivel político. No obstante, llama la atención que la Generalitat, que como administración más próxima debería ser la principal interesada en promover la puesta en marcha de este ente, no lo haya hecho hasta ahora a pesar de que durante este periodo los tres principales partidos catalanes han tenido responsabilidades de gobierno. La viabilidad de las explotaciones agrarias y la conservación de la biodiversidad no deberían ser excluyentes entre sí. Para conseguirlo, es necesario que la administración sea la que marque las pautas hablando con todas las partes implicadas. Mantener la actual inacción es la mejor forma de garantizar que continuará el malestar por las zepas.
Desalojos en Les Borges
Un amplio dispositivo de los Mossos d’Esquadra procedió ayer al desalojo de los ocupantes de 19 pisos de los bloques de la calle Santiago Rusiñol de Les Borges Blanques, donde en los últimos años se han registrado numerosos incidentes. Algunos afectados denunciaron que no se les ha ofrecido ninguna alternativa. Hay que analizar caso por caso, pero lo que no era viable era que siguieran viviendo en pisos que, de acuerdo con la normativa, son inhabitables. Y como dice el alcalde, el ayuntamiento no puede asumir por sí solo la responsabilidad de la situación, sino que la Generalitat debe tomar cartas en el asunto.
