El del comisario no debería ser el único cese

El ministerio del Interior cesó ayer al nuevo comisario de la Policía Nacional de Lleida, Antonio José Royo Subías, solo una semana después de que hubiera tomado posesión del cargo, a raíz de que este diario publicara el pasado sábado que en 2004 había sido condenado en firme por acosar sexualmente a una subordinada en Gipuzkoa en 1999. Lo peor es que si ni SEGRE ni ningún otro medio de comunicación hubiera difundido esta información, Royo hubiera seguido ocupando el cargo con total normalidad. Es imposible que el ministro Fernando Grande-Marlaska pueda estar al tanto de todos los nombramientos de comisarios provinciales y de sus currículums, aunque ya había cesado a Royo en 2018 cuando dirigía la unidad de apoyo a las víctimas de violencia sexual y machista en Zaragoza. Pero igualmente resulta palmario que hay uno o varios altos cargos de la Policía Nacional que sí eran conocedores de la existencia de esta condena y que a pesar de ello promovieron o dieron el visto bueno a este nombramiento. Así que sería recomendable que esta no fuera la única destitución por este asunto, porque este tipo de actuaciones son intolerables. Además, resulta muy difícil entender para un ciudadano de a pie que un policía con estos antecedentes penales haya continuado ocupando puestos de responsabilidad en los últimos veinte años, porque antes de venir a Lleida era el agregado de Interior en la embajada de España en Argelia.

Curiosamente, este episodio ha tenido lugar al mismo tiempo que el PSOE se ha visto sacudido por varios casos de acoso sexual, ante los que el partido ha mostrado una parálisis alarmante a pesar de que se define como feminista. El primero fue el que afectó a Francisco Salazar, asesor de la Presidencia del Gobierno, al que al menos dos militantes denunciaron a nivel interno sin que la dirección adoptara ninguna medida hasta que al cabo de cinco meses elDiario.es lo hizo público. Entonces Salazar renunció al cargo, acabó dándose de baja y el PSOE ha optado por no activar la vía judicial. También fue denunciado por el mismo motivo el presidente de la diputación de Lugo, José Tomé, que ha dejado este cargo, pero no el de alcalde de Monforte de Lemos, y la cúpula del partido en Galicia está en el ojo del huracán porque conocía las acusaciones y tampoco hizo nada. Asimismo, han tenido que dimitir por este MeToo Javier Izquierdo, senador por Valladolid y miembro de la ejecutiva federal, y el número dos de la formación en Valencia, entre otros cargos públicos. Resulta lamentable la incapacidad de los socialistas a la hora de cortar de raíz estos comportamientos deleznables que, como demuestra también el caso del ya excomisario de la Policía Nacional de Lleida, por desgracia continúan arraigados entre hombres que ostentan una posición de poder.