El libre comercio no puede tener doble rasero
Los agricultores protagonizaron ayer una jornada de protestas en Lleida, Catalunya, España y varios países europeos contra la ratificación del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, que integra a Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Bolivia está a punto de completar su adhesión, mientras que Venezuela, que ya formaba parte, tiene suspendida su condición de miembro. Europa importa principalmente del Mercosur productos agrícolas, de ahí el malestar que ha generado en el sector. Las organizaciones que convocaron las movilizaciones, como Revolta Pagesa, afirman que estos países tienen unas normas de producción mucho más laxas que las de la UE en materia de seguridad alimentaria, bienestar animal, respeto al medio ambiente o uso de fitosanitarios, además de que los costes laborales son mucho menores, por lo que en una situación de libre comercio los agricultores locales estarán en una gran desventaja. Sus argumentos son razonables, porque no pueden fijarse las mismas reglas de juego cuando a unos se les exige más que a los otros, lo que hace que los costes de producción sean muy diferentes. El propio conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, asumió ayer esta tesis al indicar que “sí que debe haber acuerdos comerciales [...], pero se les debe exigir, como mínimo, los mismos requisitos que a los productores europeos”. De hecho, varios estados de la UE, como Francia, Polonia y Hungría, rechazan este convenio. Italia se oponía, pero en las últimas horas habría dado su visto bueno después de que la Comisión Europea haya ofrecido avanzar a 2028 el pago de 45.000 millones de euros de la PAC. La ratificación o no del acuerdo se decidirá hoy en una votación que precisa una mayoría cualificada de 15 de los 27 países miembros siempre que representen al 65% de la población. Es cierto que Europa necesita abrir nuevos mercados ante la política arancelaria impuesta por Trump en EEUU, pero no puede hacerse a costa de perjudicar a su sector agroganadero.
La financiación de Catalunya
El líder de ERC, Oriol Junqueras, anunció ayer tras reunirse con Pedro Sánchez un nuevo acuerdo de financiación para Catalunya que aportará 4.700 millones de euros más a la Generalitat y que aplicará el principio de ordinalidad. Aseguró que “es un buen acuerdo” y que “nadie pierde y todos ganan”. La gran incógnita es si será aprobado en el Congreso. Con el “no” de PP y Vox garantizado, Junts vuelve a ser decisiva, y ayer reiteró que no dará luz verde a nada que no sea un concierto económico. Además, habrá que ver cuál es la postura de los diputados de Podemos, también claves. Si nadie cede, hay el riesgo de que el aumento de la financiación sea 0.
