Un modelo de financiación que no rompe España

Los consejeros de Economía del PP escenificaron ayer un frente común contra la propuesta de nueva financiación autonómica pactada y presentada por el Gobierno central y ERC. Su postura ya estaba clara a su llegada a la reunión, cuando la de Andalucía afirmó que el encuentro tenía “un menú del día precocinado por el independentismo”, y sus homólogos de otras comunidades se pronunciaron en la misma línea y casi en los mismos términos, evidenciando que los populares llevaban la lección bien aprendida. Es cierto que el nuevo modelo ha sido acordado por el PSOE con Esquerra, que es un partido independentista. Ahora bien, ¿de verdad se puede decir que es un modelo pensado para favorecer la independencia de Catalunya en detrimento del resto de España? La respuesta es no. Aprobarlo supondría inyectar 21.000 millones de euros a los gobiernos autonómicos que forman parte del régimen común (País Vasco y Navarra tienen concierto económico) y rechazarlo implica seguir sin estos recursos y mantener un sistema que está caducado desde 2014. Este último dato ilustra como pocos la incapacidad de las principales formaciones políticas de salir de sus trincheras partidistas en beneficio del bien común. Paradójicamente, la comunidad que más fondos recibiría en términos absolutos, si saliera adelante la propuesta, es Andalucía, por delante de Catalunya, y si se calcula por habitante, serían Murcia, Valencia y Castilla La Mancha. En las tres primeras gobierna el PP y en la cuarta el socialista Emiliano García-Page, que también la ha rechazado sin ambages desde el primer momento, después de haber destacado durante toda esta legislatura por sus críticas a los pactos de Pedro Sánchez con fuerzas independentistas. Hay que preguntarse qué diría el PP si el Gobierno central acordara ahora la cesión a las autonomías de la gestión del 30% del IRPF y de seis impuestos cuya recaudación fuera equiparable a los de patrimonio, transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, sucesiones y donaciones y juego, así como competencias similares a las de tráfico, la ordenación y gestión del litoral, la gestión de los puertos o las políticas activas de empleo. Esto es lo que hizo José María Aznar en 1996 para garantizarse el apoyo de CiU y poder gobernar tras las elecciones generales de marzo de 1996, que su partido había ganado sin mayoría absoluta. No solo eso, sino que eliminó la figura del gobernador civil, que estaba vigente desde hacía más de un siglo y medio, ya que había sido instaurada en 1824, para sustituirla por la del subdelegado del Gobierno, y además accedió a la profesionalización del ejército para poner fin al servicio militar obligatorio, que también tenía más de un siglo de antigüedad. Ni entonces se rompió España ni se rompe ahora, pero los que eran adversarios políticos han pasado a ser enemigos.