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El derrumbe de una casa habitada en Vilanova de Bellpuig la madrugada del miércoles se saldó por suerte sin víctimas mortales, a pesar de que dos hombres quedaron atrapados bajo los escombros y los bomberos tardaron casi cuatro horas en poder rescatar a uno de ellos. Hace pocos días también se hundió el tejado de un edificio en Alfarràs donde no vivía nadie. Los casos de desplomes son relativamente frecuentes en las comarcas de Lleida, que cuentan con un parque inmobiliario envejecido. En Lleida y los principales municipios, alrededor de la mitad de los edificios tienen más de 45 años, y este porcentaje es bastante más elevado en muchos pueblos. Esto hace que para garantizar su buen estado sea necesario hacer acciones de mantenimiento, así como de rehabilitación para reparar elementos deteriorados. Sin embargo, son pocos los propietarios –tanto si son individuales como comunitarios– que dedican suficientes recursos a este aspecto. Hay veces en que esto se debe sencillamente a la falta de disponibilidad presupuestaria, pero lo cierto es que en general no se le dedica la atención suficiente. Así lo demuestra el hecho de que desde 2014 hasta mediados del pasado año únicamente habían solicitado pasar la Inspección Técnica de los Edificios (ITE) poco más de 5.000 inmuebles de Ponent, cuando la normativa la impone a todos los que cuentan con más de 45 años de antigüedad. Esto supone que solo han sido inspeccionados aproximadamente un 7% de los que estaban obligados. Y por si fuera poco, la propia administración tampoco incentiva este tipo de actuaciones, salvo en campañas muy concretas y, lo que es peor, tampoco ha sido capaz de aprovechar los fondos Next Generation que la Unión Europea destinó específicamente a esta finalidad después de la covid. La ciudad de Lleida es un claro ejemplo, ya que tenía disponibles casi diez millones de euros para la rehabilitación de bloques de pisos sociales antiguos y la gran mayoría de este presupuesto se ha acabado perdiendo por falta de solicitudes, entre otras cosas porque las distintas administraciones con competencias en la materia no han sido capaces de prever mecanismos que suplieran la falta de capacidad de las comunidades de propietarios para asumir todos los trámites requeridos.

Falta autocrítica

La comparecencia ayer del ministro de Transportes, Óscar Puente, para tratar el caos en Rodalies y el AVE no aportó nada nuevo a lo esperado: la oposición pidió su dimisión y el ministro argumentó que la red ferroviaria aún arrastra la desinversión de la época en que gobernó el PP y que las roturas de carril son relativamente habituales en toda Europa. Como casi siempre, se echa en falta la autocrítica.

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