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La regularización extraordinaria de inmigrantes, cuya tramitación aprobó iniciar hace unos días el Gobierno central, beneficiará a alrededor de medio millón de personas, unas 7.000 de ellas en las comarcas de Lleida. Que Vox haya reaccionado como suele, hablando de que habrá una invasión, se daba por descontado, pero el PP no le va a la zaga, cuando con José María Aznar como presidente se dio luz verde a la regularización de algo más de 500.000 extranjeros sin papeles, que es más o menos el número que se estima para la que está en marcha. Entonces, en los años 2000 y 2001, el nivel del desempleo era bajo y los migrantes que trabajaban de forma irregular era alto; ahora también. Así lo constatan los datos de la Encuesta de Población Activa, que indican que el pasado año había algo más de 600.000 trabajadores extranjeros en Catalunya, número que contrasta con el hecho de que los que figuran como dados de alta en la Seguridad Social, según los datos de Hacienda, eran casi 100.000 menos. Esto demuestra que ahora son muchos los que están trabajando de forma ilegal y que son susceptibles de sufrir abusos laborales porque no están sujetos a ningún tipo de control. También hay que reseñar, como destacamos hace unas semanas, que las personas procedentes de otros países se han convertido en una mano de obra básica en muchos sectores productivos y en Lleida representan ya casi uno de cada cuatro afiliados a la Seguridad Social. Cuando se dice que esta legalización colapsará todavía más servicios médicos o sociales, hay que tener en cuenta que sin los migrantes que están cotizando seguramente ya sería inviable el sistema de pensiones o el mantenimiento de buena parte de los servicios públicos. En este punto hay que darle la razón al diputado de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, cuando afirmó irónicamente que si Vox estuviera en condiciones de aplicar su propuesta de expulsar a 8 millones de extranjeros igual el propio Santiago Abascal se vería obligado a trabajar por primera vez en su vida fuera de la política. Por lo que respecta a la demagógica teoría del reemplazo, que sostiene que la población “autóctona” pronto será minoritaria y que se perderán la lengua y las tradiciones propias, únicamente hay que señalar que, como con cualquier otra persona, hay que velar por que los recién llegados aprendan el idioma del lugar donde se establecen y respeten principios como la igualdad entre hombres y mujeres, preceptos básicos que, dicho sea de paso, incumplen miembros de partidos ultras como Vox, que se niegan a hablar en catalán y a condenar la violencia machista sosteniendo que lo que hay es “violencia intrafamiliar”. E igual de demagógica es la crítica de que Pedro Sánchez regulariza ahora a inmigrantes para que voten al PSOE, porque no podrán participar en las próximas elecciones generales.

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