Precios bajos en origen y altos para el consumidor
El foco de peste porcina africana (PPA) registrado en el entorno del parque de Collserola ha provocado una caída del precio que cobran los productores de porcino. Según los datos de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), a final del pasado año recibían una media de 1,01 euros por kilo de cerdo, 38 céntimos menos que antes de la aparición de la PPA, que acentuaba el descenso iniciado ya a mediados de año, porque en julio este importe era de 1,85 euros. La caída acumulada en este periodo es pues del 45%. Paradójicamente, este descenso no se ha traducido en un abaratamiento de los precios que pagan los consumidores finales en las tiendas, porque desde julio hasta diciembre el kilo de carne de cerdo se ha encarecido 30 céntimos, pasando de 6,45 a 6,75 euros. Está claro que entre el eslabón inicial y el final de la cadena hay alguien que ha incrementado su beneficio. Esta situación suele ser habitual en la producción de alimentos, en la que la diferencia entre lo que se abona al agricultor y lo que que debe pagar el consumidor es sencillamente espectacular.
Ahora es época de cosecha de los cítricos, por lo que teóricamente su abundancia debería comportar una bajada de precios en los establecimientos comerciales. No obstante, solo ha disminuido para los payeses, que perciben 0,32 €/kg de naranjas y 0,53 euros por el de mandarinas, importes que en las tiendas se multiplican por 5,6 y 5,5, respectivamente. Esta es la clave de la gran concentración que ha sufrido el sector primario en las últimas décadas. Los márgenes de beneficio en origen son tan pequeños que se necesita producir a gran escala para que una explotación sea rentable. La mayoría de explotaciones familiares que no han dado el salto han acabado desapareciendo, a la vez que firmas agroalimentarias, otras que no tenían vinculación con el campo y fondos de inversión son titulares de grandes extensiones de terreno en las comarcas de Lleida.
Quejas por la basura
La necesidad de implantar sistemas de recogida de la basura que posibiliten alcanzar el nivel de reciclaje que demanda la normativa europea y el futuro del planeta conlleva cambios de procedimientos y aumentos de coste que generan quejas de los vecinos. Sucedió en Lleida con el puerta a puerta en Balàfia y Pardinyes, pasa ahora en el Pallars Jussà y en los municipios del sur del Alt Urgell hay protestas por el encarecimiento del recibo y la no aplicación de bonificaciones. Las instituciones deberían informar muy bien de todas las novedades que aplican e instaurar mecanismos que bonifiquen la tasa a los que más contribuyen al reciclaje.
