Illa tiene una carta ganadora

Salvador Illa volvió ayer al trabajo con un discurso fino. Estuvo generoso con el personal sanitario y lució ánimos nobles en su regreso, con alusión a los principios de libertad, igualdad y fraternidad que rigen desde hace dos siglos la modernidad. No lo tendrá fácil porque la crisis de Rodalies es de difícil solución porque depende de la inversión que (no) llega desde Madrid, donde gobiernan sus hermanos políticos. En la vivienda, en cambio, puede hacer mucho, y es significativo que su primer acto tras el discurso haya sido acordar con la Iglesia la promoción de pisos sociales. Es una buena noticia para Illa que su vuelta haya coincidido con un informe que encargó su govern que avala la legalidad de prohibir la compra especulativa de vivienda en municipios tensionados (21 en Lleida) durante períodos limitados. El artículo 47 de la Constitución dice que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”, y precisa: “los poderes públicos promoverán las condiciones (...) para hacer efectivo este derecho.” Y el artículo 128 reza: “toda la riqueza del país (...) está subordinada al interés general.” La ley de Urbanismo del Estado y la del Suelo catalana afirman como principio rector que el desarrollo urbanístico debe garantizar la cohesión social y evitar la dispersión territorial, y precisan que la función de ordenamiento de la ciudad es pública e indelegable. Cuando el comportamiento del mercado inmobiliario provoca que un segmento de la población quede excluido de la posibilidad de vivir en la ciudad que quiera, se está generando descohesión social y dispersión territorial. A raíz de la crisis de 2008 los bancos decidieron no dar hipotecas si no se aportaba el 20 por ciento del importe. Eso imposibilitó la compra para muchas personas y el aumento de demanda de alquiler disparó los precios. El mercado ha impuesto la covivienda y la habitación residencial; la política debe evitarlas. En Ámsterdam lo intentan prohibiendo la compra de toda vivienda que no sea para vivir en ella. ¿Se puede hacer eso aquí en municipios tensionados? Legalmente parece que sí; políticamente se verá. Cuando en los años 50 del siglo XX se produjo la gran migración de los pueblos a las ciudades, se obligó a los terratenientes a contribuir en la urbanización de unos terrenos que pasaron a valer mucho más que un campo de patatas. Eso generó en su día gran alarma, pero hoy se da por sentado que la comunidad debe participar de las plusvalías que genere la acción urbanística. La propuesta de Ámsterdam plantea un cambio mental en el que, en las posibilidades financieras de los ciudadanos (bonos del Estado, acciones de empresas, planes de pensiones...), se excluye la compra especulativa de vivienda en zonas tensionadas para que el lucro de unos no sea a costa de un derecho fundamental de otros. Illa tiene ahí una carta ganadora; ahora debe saber jugarla.