Cuatro años de guerra y una posible mala paz
Hoy se cumplen cuatro años del inicio de la invasión rusa de Ucrania. Lo que el autócrata Vladímir Putin había planificado como una operación especial de corta duración que le permitiría asumir el control directo o indirecto del país en pocas semanas se ha convertido en una guerra de larga duración, después de la inesperada capacidad de resistencia que mostró el ejército ucraniano ante la ofensiva. Desde entonces, la cifra de bajas militares entre muertos, heridos y desaparecidos se acerca a los dos millones, mientras que los civiles fallecidos se cuentan por millares, los heridos, por decenas de miles, y los damnificados, por millones. Tras los primeros meses, la manifiesta incapacidad del ejército ruso, a pesar de su gran superioridad en hombres y materiales, provocó la impresión de que era posible una contraofensiva victoriosa de los ucranianos que permitiría poner fin al conflicto. Sin embargo, se impuso una contienda de desgaste que da ventaja a quien cuenta con más recursos, especialmente después de que EEUU haya retirado el grueso de su apoyo armamentístico a Ucrania. Incluyendo la península de Crimea, que ya estaba bajo su control desde 2014, Rusia ha conquistado alrededor del 20% del país, principalmente en el este, en el Donbás. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, insistió ayer en una entrevista en la BBC en que no contempla reconocer la cesión de territorio, pero matizando que recuperarlo es “una cuestión de tiempo” porque ahora no está en condiciones de hacerlo. Por desgracia, parece llevar las de perder, porque la Unión Europea se enfrenta a sus propias disensiones internas a la hora de prestar ayuda, y todo apunta a que Donald Trump está más interesado en promover un acuerdo de paz que le permita compartir con Putin la explotación de recursos como las tierras raras del Donbás que en poner fin a las ambiciones imperialistas del segundo. Si Rusia consigue imponer sus condiciones será un revés para Ucrania y para el mundo.
Los documentos del 23-F
El presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, anunció ayer que el Consejo de Ministros aprobará hoy hacer públicos todos los documentos del frustrado golpe de Estado del 23-F al haberse cumplido 45 años desde que sucedió, que es el plazo máximo para desclasificar secretos oficiales previsto en una ley que está en tramitación. Es una buena noticia que debería extenderse a todos los casos de esa época que siguen bajo secreto. No obstante, sería mejor que la nueva norma reduzca este plazo temporal por el bien de la democracia, y hay que preguntarse por qué a estas alturas la regulación de este ámbito sigue siendo la del franquismo.
