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La Audiencia Nacional inició ayer el juicio del denominado caso Kitchen, en el que están acusados los miembros de la cúpula del Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy por el presunto uso de fondos reservados y de funcionarios públicos para intentar evitar que salieran a la luz las pruebas de la financiación irregular del PP que estaban en poder del extesorero del PP, Luis Bárcenas. Hoy, en el Tribunal Supremo, arrancará la vista del primero de los casos que afectan al exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, por un supuesto “pelotazo” compartido con su asesor Koldo García por la compra de una gran cantidad de mascarillas por parte de diferentes administraciones durante lo peor de la pandemia de la covid. En el primero, el principal imputado es el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y, aparte del que era su número dos y otros altos cargos, en el banquillo se sienta el excomisario José Manuel Villarejo, todo un clásico en las operaciones vinculadas con las conocidas como “cloacas del Estado” en las últimas décadas, y al que se intervinieron audios que vinculaban directamente a Rajoy con esta. Ambos juicios obedecen a dos patrones de corrupción que se han repetido más de una vez desde la restauración de la democracia. Uno es que el partido que gobierna ponga a su servicio los instrumentos del Estado, con la curiosidad de que en el caso Kitchen no se logró el objetivo de evitar que el PP fuera condenado. El otro, que dirigentes políticos y cargos públicos aprovechen su posición para hacer negocios ocultos en beneficio propio o de terceros. Dice el proverbio que el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra; y en más, cabe añadir. Siempre hay personas que están dispuestas a hacer de todo por dinero o poder. Lo sabemos todos, también los políticos que no son corruptos. Entonces, ¿por qué no se adoptan medidas preventivas y punitivas para que estas acciones sean mucho más difíciles de cometer? En materia de prevención es básica una mayor transparencia y limitar al máximo posible el uso discrecional de fondos por parte de los que mandan. En los castigos, habría que plantear si los condenados deben cumplir íntegramente la pena o, al menos, la máxima estancia de 20 años prevista para la mayoría de delitos; que deban devolver todo lo que se han embolsado, embargando su patrimonio; y actuaciones más contundentes contra los corruptores, no solo a nivel penal, sino prohibiendo de forma indefinida a cualquier empresa implicada obtener contratos con instituciones públicas y rescindiendo los que ya tenga. Más de 50 años después de la muerte de Franco, da la impresión de que el uso torticero de las administraciones y el intercambio de favores entre miembros del poder político y el económico siguen estando vigentes.

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