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¿Por qué todavía no se ha implantado la ventanilla única que diferentes administraciones y gobiernos de todos los colores han anunciado a lo largo de las últimas décadas? ¿Por qué las administraciones siguen incumpliendo la ley que entró en vigor hace casi diez años que les obliga a no solicitar a los ciudadanos todos los datos a los que tienen acceso desde sus plataformas informáticas, como por ejemplo el certificado de empadronamiento? ¿Por qué los trámites para las licencias de obras de nuevas construcciones continúan dilatándose meses e incluso años a pesar de que los ayuntamientos proclaman periódicamente que han adoptado medidas para agilizarlas? ¿Cómo es posible –como se detalló ayer en la jornada Burocràcia: problema i realitat organizada por la Fundació Horitzons 2050 y SEGRE– que la burocracia pueda demorar hasta diez años la ejecución de infraestructuras públicas? ¿Por qué numerosos trámites digitales resultan complicados para el ciudadano y por qué muchos de los que se presentan como tales en realidad no lo son, ya que simplemente pueden solicitarse por internet pero su gestión administrativa sigue los mismos pasos que hace medio siglo? Y a nivel más local, ¿cómo es posible que hayan tenido que pasar cinco años para aprobar el plan director de un proyecto estratégico para Lleida y Catalunya como el del polígono de Torreblanca? Son preguntas que tienen una respuesta común: los gobiernos de las diferentes instituciones no se preocupan lo suficiente de mejorar el funcionamiento de la administración y, además, en lugar de simplificar la normativa, la amplían, generando más burocracia. En general, los políticos desatienden este aspecto, que es clave para el buen funcionamiento de la economía de un municipio y de un país y para facilitar las gestiones a sus ciudadanos. Quizás la causa sea que abordarlo requiere de una planificación a largo plazo que resulta inviable si siempre se está pendiente de las próximas elecciones.

Zapatero, ante el juez

José Luis Rodríguez Zapatero es el primer expresidente de España que declara ante el juez como imputado, por una supuesta trama que se habría beneficiado del rescate público de la compañía Plus Ultra. Está acusado de tráfico de influencias para lograr que el Gobierno aprobara esta operación, pero, como señalamos en esta sección, el auto judicial no aporta ni un dato concreto de qué influencias ejerció. Ayer Zapatero las negó y, tras declarar, reivindicó su honradez, dijo que “se me acusa de delitos muy graves que no he cometido” y mostró “plena confianza” en que lo demostrará. Habrá que ver si lo logra. En todo caso tiene una ardua tarea por delante, porque muchos ya le han condenado.

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