Las ayudas a la dependencia no admiten espera
La ley de dependencia fue aprobada a finales de 2006, durante el primer mandato de José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del Gobierno central. Fue presentada como el nuevo pilar del estado de bienestar, con ayudas para las personas que no pueden o tienen dificultades para valerse por sí mismas. Entró en vigor poco antes de que el “boom” económico diera paso a la crisis, que lastró su financiación. Desde entonces, la concesión de sus prestaciones ha estado marcada por la demora, ya que entre que se solicitan y son aprobadas pasa mucho tiempo. Los últimos datos en Lleida, que publicamos hoy, indican que el tiempo de espera medio entre la petición y la valoración es de cinco meses en el llano y de casi seis en el Pirineo y, además, en ambos casos ha aumentado en el último año. Cuando está listo este trámite, aún falta que los servicios sociales definan el Programa Individual de Atención (PIA), que es el que decide qué ayuda económica o servicios se conceden, y que la prestación se haga efectiva. Actualmente, hay 3.619 personas que esperan una valoración, mientras que otras 826 que la tienen están pendientes del PIA. La administración competente, en este caso la Generalitat, debe acelerar lo máximo posible estos trámites, porque solo entre 2025 y los primeros meses de este año 117 leridanos han muerto mientras estaban en lista de espera. Al respecto, basta indicar que del total de 16.689 que reciben una ayuda, la mitad tienen más de 80 años. A estas edades, unos meses de demora es demasiado tiempo.
De espaldas a los ciudadanos
Que una institución reclame una pequeña deuda de una persona que lleva muerta 13 años resulta sangrante para la familia. Si, además, esta se encuentra con trabas para poder alegar solicitando la retirada de este requerimiento de pago, demuestra que no solo se trata de un error flagrante, sino que el funcionamiento de esta administración es pésimo. Esto es lo que ha sucedido con el Servicio Público de Ocupación Estatal (SEPE), que remitió una carta a una familia de Lleida ciudad reclamando 120 euros por una prestación del paro que databa de 2008, cuando el afectado falleció en 2013. Y si obviamos, lo que resulta dificilísimo, este fallo clamoroso, resulta que este organismo requiere el pago de una cantidad que llevaría 16 años pendiente, solo concede 10 días para alegar, entre sus sedes en la demarcación solo hay citas disponibles en La Seu d’Urgell, a más de 120 kilómetros de distancia, y la operadora que atiende los trámites online dice que este tipo de casos no se gestionan por esta vía. ¿De verdad el SEPE y, en general, la administración están al servicio de los ciudadanos?
