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Te dicen que la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, ha sido imputada por obstaculizar investigaciones de corruptelas del PSOE y dices: bien hecho. Luego miras qué se supone que ha hecho la directora general de la Guardia Civil y lees que la fontanera del PSOE, Leire Díez, se reunió con ella para decirle que presumía que las filtraciones a la prensa de investigaciones secretas que dañaban al gobierno socialista procedían de la UCO, y a raíz de esta presunción la directora general inició una investigación interna para determinar si eso era así. Entonces piensas que la imputación de González te la tendrán que explicar poco a poco y te salen unas cuantas preguntas. ¿La directora general de la Guardia Civil abre una investigación interna para determinar si es cierto que algunos agentes han cometido un delito por filtrar información secreta y la imputada, en lugar de los supuestos filtradores, es la persona que investiga a los supuestos filtradores, a pesar de que es su jefa? ¿Eso ocurre en un país en el que un defraudador de Hacienda acusa a quien entonces era el fiscal general del Estado de filtrar informaciones sobre sus tejemanejes y esa acusación es admitida a trámite, y se lleva al ya exfiscal general del Estado a juicio, y el Tribunal Supremo le condena no porque se haya acreditado su culpabilidad, sino porque el exfiscal general no ha probado su inocencia? ¿A nadie le escandaliza que estas contradicciones se produzcan como si fueran normales? ¿A nadie le escandaliza que este doble rasero no escandalice? ¿Por qué a Zapatero se le investiga con información policial de Estados Unidos de la que no se ha acreditado la existencia de aval judicial? ¿Por qué al encontrarse joyas en una caja fuerte durante un registro motivado por esta información policial sin aval judicial se abre una causa por estas joyas sin acreditar indicios de que tengan un origen ilegal? ¿Por qué el único expresidente del que sabemos qué tiene en su caja fuerte es el único que apoya al actual inquilino de la Moncloa? Son preguntas retóricas que se responden solas, y para no ser redundantes no las responderemos aquí. O la haremos con palabras de José Luis Núñez. Siempre sale el 36.

¿Por qué?

El proceso de regularización que ha descubierto una bolsa de 15.492 vecinos de Lleida de origen inmigrante —una cifra equivalente a la población de Mollerussa— que no tenían papeles ha acabado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Los procesos idénticos que se hicieron en 1986, 1991, 1996 y 2005 (con gobiernos socialistas) y 2000 y 2001 (con gobiernos del Partido Popular), no. ¿Por qué? También esta pregunta retórica se responde sola, y sí: exacto: la respuesta es la que pensamos todos.

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