Melodramático Marchena

Manuel Marchena está preocupado porque las encuestas dicen que la sociedad española no confía en la justicia. “Es una tragedia”, explica. “Una sociedad no puede sobrevivir sin confiar en la justicia.” Bueno. Esto no es exactamente así. Es decir: es verdad que una sociedad no puede sobrevivir sin confiar en la justicia, pero no lo es que la sociedad española no confíe en la justicia; no confía en jueces concretos. El problema es que casi todos estos jueces concretos están en lo más alto. En el Tribunal Supremo. En la Audiencia Nacional. En tribunales superiores de varias comunidades autónomas. En el Tribunal de Cuentas. Cuando en 2023 una casualidad aritmética convirtió en indispensable el voto de Junts para la investidura de Pedro Sánchez quedó muy claro que esta sería la legislatura de la amnistía. A partir de ahí cierta judicatura se dedicó a combatir al gobierno porque la amnistía suponía perder el control en la toma de decisiones no solo jurídicas, sino sobre todo políticas, sobre cómo tratar al independentismo. Eso es lo que ha molestado a algunos jueces del reciente apoyo de la justicia europea a la ley de Amnistía: lo que ese apoyo representa de pérdida de poder de decisión. Como consecuencia de ello, Pedro Sánchez viene siendo víctima durante toda la legislatura de una peculiar forma de violencia vicaria que no pretende hacerle daño a él: pretende hacérselo a la ley del perdón. Eso es exactamente la actual ley de Amnistía. No tiene nada que ver con la de 1977, en la que se intercambió impunidad por derogación de un régimen político. Con la actual ley, el régimen queda intacto. Hay, solo, un perdón a algunas personas sobre el que la alta judicatura no quiere perder el poder de decisión. La confianza ciudadana exige que los jueces y magistrados que integran el poder judicial acrediten en el ejercicio de la función jurisdiccional que su conducta se adecúa a los principios constitucionales que deben presidir dicho ejercicio, que son los que figuran en el artículo 117.1 de la Constitución (“La justicia se administra (...) por Jueces y Magistrados (...) sometidos únicamente al imperio de la ley”). La violencia vicaria contra Sánchez se ha traducido en persecución a su mujer y a su hermano. Este último acaba de ser condenado por un delito de prevaricación administrativa por presentarse a un concurso para coordinar los distintos conservatorios en la Diputación Provincial de Badajoz. ¿Puede el ejercicio del derecho reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución (“los ciudadanos tienen derecho a acceder (...) a las funciones y cargos públicos”) convertirse en un delito de prevaricación administrativa? ¿Hubiera sido condenado David Sánchez si no hubiera sido hermano del presidente? Marchena se equivoca cuando dice que la sociedad desconfía de la justicia; desconfía de jueces que dictan sentencias como esta u otras, algunas de las cuales él conoce muy bien.