¿Renovables? Sí, pero...

Catalunya necesita acelerar de forma decidida el despliegue de las energías renovables. No existe una alternativa real si el objetivo es reducir la dependencia de los combustibles fósiles, disminuir las emisiones y garantizar una energía asequible y suficiente para hogares y empresas. Los datos son incontestables: el país sigue muy rezagado respecto al conjunto del Estado en potencia eólica y fotovoltaica instalada, continúa dependiendo en exceso de la energía nuclear y de las importaciones de gas y petróleo y difícilmente alcanzará el objetivo de un sistema eléctrico plenamente renovable si mantiene el ritmo actual de implantación, pero ¿quién debe asumir el coste de esa transformación? ¿Es justo que sean siempre las comarcas rurales las que cedan suelo, paisaje y capacidad productiva para abastecer de electricidad a las grandes áreas metropolitanas? La polémica suscitada por el Plan Territorial para la Implantación de Energías Renovables (Plater) ha puesto sobre la mesa una preocupación legítima. En las comarcas de Lleida, las previsiones afectan a miles de hectáreas, muchas de ellas agrícolas, y han provocado una movilización prácticamente unánime de vecinos, ayuntamientos, consells comarcals y la propia Diputación, que reclaman revisar un documento elaborado, denuncian, sin suficiente conocimiento del territorio ni de la realidad de muchas fincas productivas. No es una reacción fruto del inmovilismo o del negacionismo climático. Lo que se cuestiona es que se califique como “improductivo” un suelo donde hoy crecen frutales o maíz, o que se reserve terreno agrícola de alto valor mientras siguen existiendo miles de hectáreas de cubiertas industriales, aparcamientos, infraestructuras o espacios degradados donde también podrían instalarse placas solares. Existe, además, una cuestión de equidad territorial que no puede ignorarse. Las grandes ciudades concentran la mayor parte del consumo eléctrico. Allí se encuentran las industrias, los centros logísticos, los servicios y millones de hogares que demandan cada vez más energía. Sin embargo, el impacto visual, ambiental y económico de producirla recae de forma desproporcionada sobre municipios rurales que, una vez más, ven cómo se les pide sacrificar parte de su territorio en beneficio del conjunto del país. Históricamente, el campo ya ha soportado infraestructuras que rara vez aceptaría una gran ciudad. Ahora se le vuelve a pedir un nuevo esfuerzo. Es razonable exigir solidaridad territorial, pero esa solidaridad no puede convertirse en resignación permanente. La planificación política debe partir de un principio sencillo: aprovechar primero todo el potencial ya urbanizado antes de ocupar el suelo fértil. La transición energética será uno de los mayores proyectos colectivos de las próximas décadas y, precisamente por eso, necesita de consenso social.