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Seis leridanos han pedido morir desde la aprobación de la ley de la eutanasia

El tiempo medio de resolución de las solicitudes es de 47 días y 37 personas murieron antes de recibir la ayuda en el conjunto de Catalunya

Rueda de prensa sobre la Ley de Eutanasia con la directora general de Ordenación y Regulación Sanitaria, Azucena Carranzo; el conseller Josep Maria Argimon; la secretaria general de Salud, Meritxell Masó, y el presidente de la Comisión de Garantía, Albert Tuca.

Rueda de prensa sobre la Ley de Eutanasia con la directora general de Ordenación y Regulación Sanitaria, Azucena Carranzo; el conseller Josep Maria Argimon; la secretaria general de Salud, Meritxell Masó, y el presidente de la Comisión de Garantía, Albert Tuca.ACN

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Un total de 137 personas han pedido ayuda para morir en Catalunya desde que se aprobó la Ley de la Eutanasia en el estado español, pronto hará un año, el 25 de junio –seis de las solicitudes han sido realizadas desde la demarcación de Lleida. Entre estas peticiones, se han realizado 60 eutanasias, mientras que 37 personas murieron antes de recibir la ayuda. Ocho solicitudes han sido denegadas. Por término medio, las peticiones se han resuelto en 47 días, según datos que el Departamento de Salud ha hecho públicos este viernes. "La ley ha dado respuesta a una necesidad social largamente pedida", ha destacado el presidente de la Comisión de Garantía y Evaluación, Albert Tuca. Por otra parte, 167 profesionales se han registrado como objetores de conciencia, entre médicos, enfermeras, farmacéuticos y psicólogos clínicos (0,15% del total).

El conseller de Salud, Josep Maria Argimon, ha recordado que el despliegue de la Ley de la Eutanasia, que entró en vigor en junio del año pasado, fue uno de los primeros retos que cogió como titular del departamento y considera que el sistema ha dado una "muy buena respuesta". Así lo ha dicho en una rueda de prensa este viernes para valorar el primer año de despliegue de esta ley, cuya aprobación fue precedida de años de reivindicaciones en el estado español.

De las 137 peticiones recibidas durante este año, 78 se han aprobado y se han llegado a realizar 60 eutanasias: 33 en domicilios; 20 en hospitales; 5 en centros de atención intermedia y 2 en residencias. 5 se encuentran pendientes de realizarse y 4 se han aplazado. 37 personas que habían solicitado la eutanasia murieron antes de poder recibir esta ayuda. En 9 casos, la resolución había sido aprobada. Por otra parte, se han denegado 8 peticiones. 5 de las peticiones han sido revocadas y 18 se encuentran en curso. 2 personas hicieron donación de órganos.

Un total de 60 de las peticiones eran de mujeres y 77 de hombres y la mayoría tenían más de 71 años (75). 49 de las personas que han pedido ayuda para morir tenían entre 51 y 70 años; 12, de 36 a 50 años y 1, de 18 a 35 años. Los menores no pueden acogerse a la ley.

Con respecto a las patologías más frecuentes que han motivado una petición, están las neurológicas (neurodegenerativas, demencias y paresias); las oncológicas o la concurrencia de varios problemas de salud, muchas veces crónicos (multimorbilidad).

La mayoría de peticiones, de la atención primaria

Del total de peticiones, 81 han sido de la atención primaria; 45, de hospitales; 6, de centros de atención intermedia; 4, de centros paliativos privados y 1, de un centro de salud mental de adultos. Por demarcaciones, 101 han sido en Barcelona; 21 en Girona; 9 en Tarragona y 6 en Lleida. "Los profesionales sanitarios de la primaria no sólo acompañan a los pacientes en los momentos de la salud y de la enfermedad, sino también en la toma de decisiones en temas tan importantes como la prestación de la ayuda a morir", ha destacado la secretaria general del Departamento, Meritxell Masó.

Imperativo de dar respuesta a las solicitudes

Tuca ha señalado que todos los profesionales de la salud tienen el imperativo de dar respuesta a una sol·lictud, aunque piensen que no es el momento o que no se dan todas las condiciones, y tienen que informar a la persona de que puede hacer una reclamación a la Comisión de Garantías y Evaluación de Catalunya (CGAC), el órgano encargado de valorar el cumplimiento de los requisitos legales y médicos para obtener la prestación de la ayuda para morir. "Intentamos asegurar que ninguna persona pierda su derecho a pedirlo", ha recalcado su presidente. Sí que se ha creado un registro de profesionales objetores de conciencia: 144 son médicos; 20, enfermeras; 1 profesional de la farmacia y 2 psicólogos clínicos.

Salud asegura que todas las personas han podido hacer efectivos sus derechos

El presidente de la CGAC cree que todas las personas han podido hacer efectivo el derecho a la solicitud de ayuda a morir de acuerdo con sus convicciones personales y autonomía de voluntad en las condiciones que establece la ley. También ha subrayado que la respuesta de los profesionales e instituciones sanitarias ha sido "excelente".

Tuca ha afirmado que no se ha detectado ningún problema de circuito y ha subrayado el "rigor" en la evaluación, la deliberación, el registro documental y la verificación, que asegura, que la solicitud "sea meditada, reflexiva y cumpla con los requisitos normativo".

Uno de los aspectos discutivos de la ley son sus plazos. La Ley de la Eutanasia quiere ser muy garantista y eso se traduce en plazos de resolución que pueden ser largos. En una persona al final de la vida, 47 días de tiempo de espera son muchos, reflexionó la presidenta de la Asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), Cristina Vallès, en una entrevista a la ACN hace unos días.

Tuca ha reflexionado que el proceso aporta "seguridad al solicitante y a los profesionales implicados en la atención" y ha indicado que todas las solicitudes son verificadas por al menos 3 médicos (responsable, consultor y miembro de la CGAC) y un jurista (miembro de la CGAC). El proceso deliberativo no puede ser menor de 15 días, salvo algunas excepciones, por asegurar que la reflexión que se tome sea madura.

Documento de voluntades anticipadas

El año pasado se registraron en Cataluña 8.639 documentos de voluntades anticipadas (DVA). Con este documento, las personas dejan por escrito las instrucciones sobre intervenciones y tratamientos médicos que desean recibir si una enfermedad física o psíquica les impide expresar su voluntad en el futuro.

Este registro se inició en 2002. Hasta ahora (datos de junio del 2022) se han registrado 123.534 documentos. Desde 2018, se han registrado 39.476, que representan casi una tercera parte de todos los documentos del RVA. La directora general de Ordenación y Regulación Sanitaria, Azucena Carranzo, ha atribuido este aumento a "una mayor concienciación de la ciudadanía a la necesidad de dejar por escrito como una persona querría tener su final de vida".

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