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SANIDAD

Veterinarios en pie de guerra

Concentración en Lleida para denunciar que el nuevo decreto sobre medicación para mascotas no respeta su criterio clínico. Cargan contra la excesiva burocracia y exigen reducir el IVA del 21%

Concentración ayer de veterinarios y veterinarias, además de propietarios y sus mascotas, ante la subdelegación del Gobierno en Lleida. - MAGDALENA ALTISENT

Concentración ayer de veterinarios y veterinarias, además de propietarios y sus mascotas, ante la subdelegación del Gobierno en Lleida. - MAGDALENA ALTISENT

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Más de 80 veterinarios y veterinarias de diferentes puntos de las comarcas leridanas se concentraron ayer durante dos horas a las puertas de la subdelegación del Gobierno central en Lleida para denunciar que el decreto 666/2023, sobre medicación para mascotas, no respeta su criterio clínico. Tras reivindicar la figura del veterinario como profesional sanitario, también cargaron contra la excesiva burocracia que exige el nuevo protoloco y aprovecharon para reivindicar de nuevo la bajada del IVA, que en veterinaria se sitúa en el 21%. Muchos mostraron su malestar e incluso algunos admitieron que “estamos muy quemados, es imposible trabajar así”.

Miquel Molins, presidente del Col·legi de Veterinaris de Lleida, que apoyó la concentración, explicó que entregaron un documento al subdelegado, José Crespín, en el que exigían tres puntos muy concretos. El primero, que se deje al veterinario actuar según su criterio clínico y la evidencia científica. El segundo, suministrar la medicación sin limitación y, por último, recordar que son sanitarios y el IVA debería ser reducido. “Estamos a favor de la reducción del uso de antiobióticos, de hecho, tanto en la producción como en las mascotas, se ha disminuido, por lo que pedimos que nos dejen trabajar”, destacó. La normativa obliga a los veterinarios a registrar cada receta de antibióticos en un sistema telemático y a hacer cultivos microbiológicos antes de administrar ciertos medicamentos, lo que ha generado complicaciones en el tratamiento urgente de algunos animales. Asimismo, el real decreto prevé sanciones, pendientes ahora de modificarse ya que en un primer momento podían superar el millón de euros. “Nos quieren criminalizar y nos cargan de más burocracia con un sistema que no funciona”, denunciaron los veterinarios, en alusión al registro GTR a nivel de Catalunya.

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