El juez Hurtado propone juzgar al Fiscal General, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos

El magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Luis Hurtado ha dictado una resolución que transforma las diligencias previas contra el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, y la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, en un procedimiento abreviado. Hurtado considera confirmados todos los indicios que les señalan como responsables de la filtración de los datos del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, a Isabel Díaz Ayuso, y les atribuye un delito de revelación de secretos. Con esta decisión los deja a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados en un juicio oral.

El magistrado instructor considera probado que García Ortiz facilitó en la Cadena Ser el contenido confidencial de un correo electrónico enviado por el abogado de Amador donde este admitía el fraude fiscal de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid y proponía un trato con la fiscalía.

Según Hurtado, el correo contenía información sensible relativa a aspectos y datos personales de un ciudadano, "en una conversación privada entre abogado y fiscal, que está sujeta a criterios de reserva y confidencialidad."

Por eso le atribuye un delito de revelación de secretos y traslada las actuaciones al Ministerio Fiscal y a las acusaciones personadas para que, en un plazo común de diez días, soliciten la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación, soliciten el sobreseimiento de la causa, o bien, excepcionalmente, soliciten la práctica de diligencias complementarias.

Según el juez, Ortiz actuó siguiendo indicaciones de la presidencia del gobierno español después de que el diario 'El Mundo' afirmara falsamente que había sido la fiscalía quien había propuesto un pacto a Amador.

Hurtado sostiene que a raíz de aquella información García Ortiz entró en una dinámica de "intercambio frenético" de comunicaciones con varios fiscales, principalmente vía WhatsApp, para preparar una respuesta y dejar claro que, según su opinión, la Fiscalía no había ofrecido ningún pacto de este tipo.

En este sentido, el instructor sostiene que estas comunicaciones empezaron con una conversación telefónica con la fiscal jefe de Madrid, María Pilar Rodríguez Fernández, minutos después de la publicación de la noticia, quién llamó al fiscal del caso, Julián Salto Torres, para pedirle, por encargo del fiscal general, que le remitiera inmediatamente los correos electrónicos intercambiados con el abogado de González Amador, con la finalidad de elaborar una nota de desmentido, cosa que hizo.

Según el auto, la finalidad de pedir estos correos era reenviarlos inmediatamente al correo electrónico personal de Álvaro García Ortiz —y no el oficial— como él mismo había indicado. Pilar Rodríguez así lo hizo, y posteriormente el fiscal general, con su colaboración, facilitó el correo en la Cadena Ser para dar publicidad. Eso se produjo a las 23:25 h al programa Hora 25, y posteriormente se publicó a las 23:51 h en la web de la cadena.

Acto seguido, según el juez, el Fiscal General empezó a redactar la nota informativa de respuesta, incorporando el contenido del correo del 2 de febrero. Cuando tuvo un borrador, lo envió a Pilar Rodríguez, que le dio el visto bueno. La nota se publicó con el membret de la Fiscalía Provincial de Madrid, de la cual ella era la responsable, hacia las 10:20 h del 14 de marzo de 2024.

Además, sigue Hurtado, desde la Fiscalía General del Estado, y antes de que el correo fuera difundido por otros medios, se envió una copia a Pilar Sánchez Acera, directora del Gabinete del Secretario de Estado, quien la utilizó para dar instrucciones a Juan Lobato, portavoz socialista a la Asamblea de Madrid, para que lo exhibiera durante su intervención contra la presidenta Isabel Díaz Ayuso.