Sigue el culebrón de los interinos: el Abogado general de la UE deja en manos del Supremo hacerlos fijos, pero reclama mayores indemnizaciones

La batalla por la estabilidad laboral de los interinos en el sector público español ha dado un nuevo giro tras el pronunciamiento del Abogado General de la Unión Europea. Rimvydas Norkus ha establecido que la legislación europea no exige convertir automáticamente en fijos a los trabajadores temporales del sector público, siempre que existan otras medidas efectivas para prevenir y sancionar el abuso de la temporalidad. Sin embargo, el letrado reconoce que en España no parecen existir tales garantías efectivas.

Esta declaración responde a una consulta elevada por el Tribunal Supremo español al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre cómo abordar la problemática de la temporalidad en las administraciones públicas españolas, un fenómeno que ha afectado a miles de trabajadores durante las últimas dos décadas y que ha generado múltiples recursos judiciales.

A pesar de identificar carencias en el sistema español, el Abogado General deja la decisión final en manos del Tribunal Supremo, limitándose a recomendar al TJUE que recuerde a la justicia española la necesidad de incorporar los principios del Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada.

La conversión en fijos no es obligatoria pero se requieren medidas efectivas

Norkus ha sido claro en su posicionamiento: el TJUE nunca ha exigido que los temporales se conviertan automáticamente en funcionarios o personal laboral fijo sin superar previamente los procesos selectivos establecidos en cada país. "La conversión de sucesivos contratos de duración determinada en un contrato o relación de empleo por tiempo indefinido no es obligatoria para los Estados miembro", ha subrayado en su dictamen presentado en marzo de 2025.

No obstante, el letrado insiste en que los ordenamientos jurídicos nacionales deben contener mecanismos efectivos tanto para prevenir como para sancionar el uso abusivo de la contratación temporal. En su análisis, considera que las medidas actuales en España resultan insuficientes para garantizar una protección adecuada a los trabajadores afectados por largos periodos de temporalidad.

"La adopción de medidas sancionadoras disuasorias frente a los autores del abuso no es suficiente si no hay medidas destinadas a eliminar efectivamente las consecuencias de dicho abuso para la víctima", explica Norkus, quien añade que debe existir "la reparación íntegra del perjuicio sufrido por el trabajador".

La figura del indefinido no fijo a debate

Uno de los aspectos más controvertidos del sistema español es la figura del trabajador indefinido no fijo, creada por la jurisprudencia como respuesta al abuso de la temporalidad. Según el Abogado General, esta solución no proporciona la estabilidad laboral que busca garantizar la normativa europea, pues aunque equipara derechos con los trabajadores fijos, mantiene la precariedad.

"Esa medida consiste en convertir una serie de contratos temporales en un único contrato, pero igualmente temporal, cuya duración queda al arbitrio de la Administración", ha criticado Norkus, quien considera que esta figura no resuelve el problema de fondo.

El letrado europeo reconoce que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha ido equiparando progresivamente los derechos de los indefinidos no fijos con los del personal fijo en aspectos como remuneración, promoción profesional o incentivos. Sin embargo, insiste en que esta equiparación no garantiza la estabilidad en el empleo, elemento que considera fundamental en la protección de los trabajadores según el Acuerdo Marco europeo.

Indemnizaciones insuficientes y necesidad de sanciones efectivas

En su análisis, el Abogado General cuestiona también la suficiencia de las indemnizaciones previstas actualmente en la legislación española. Señala que ni la compensación de veinte días por año trabajado (con un límite de doce mensualidades) ni la de treinta días (con un tope de veinticuatro mensualidades) permiten una reparación proporcionada y efectiva en situaciones de abuso prolongado durante muchos años.

Norkus aboga por un sistema que permita la "reparación íntegra del perjuicio sufrido" y que incluya en el cálculo indemnizatorio factores como la gravedad de la violación y su duración. Además, considera necesario establecer un mecanismo para sancionar a las administraciones públicas que sea "suficientemente concreto, previsible y aplicable", y no una simple posibilidad teórica.

En esta línea, aunque reconoce que las recientes medidas legislativas adoptadas en España para estabilizar el empleo público buscan prevenir futuros abusos, sostiene que la mera obligación de organizar procesos selectivos no garantiza su efectiva implementación. "Esos procesos selectivos son más bien una medida complementaria para remediar una situación de abuso existente", matiza.

El futuro en manos del Tribunal Supremo

Aunque el dictamen del Abogado General no es vinculante, habitualmente marca la línea que seguirá posteriormente la sentencia del TJUE. Lo significativo es que, incluso reconociendo las deficiencias del sistema español, deja en manos del Tribunal Supremo determinar si la normativa nacional contiene medidas efectivas, disuasorias y proporcionadas para sancionar el uso abusivo de la contratación temporal.

Respecta a la atribución de valor a la experiencia previa en los procesos de estabilización, el Abogado General considera que esta medida resulta insuficiente por sí sola para compensar abusos prolongados durante largos periodos. También señala que no protege adecuadamente a quienes, pese a haber sufrido años de precariedad, no consigan superar los procesos selectivos.

La pelota queda ahora en el tejado del Tribunal Supremo, que deberá determinar si el acceso a la estabilidad a través de los procesos selectivos permite eliminar completamente las consecuencias del abuso sufrido por los trabajadores temporales del sector público español. Su decisión podría afectar a miles de empleados públicos que llevan años encadenando contratos temporales y que ven con incertidumbre su futuro laboral.