Alertan de dificultades de acceso a una vivienda por enfermedad mental

Un informe señala que un elevado número de personas con problemas de salud mental continúan viviendo en el domicilio familiar por la dificultad que tienen para acceder al mercado privado de la vivienda. Así consta en el estudio La situació en l’àmbit de l’habitatge en el col·lectiu de persones amb problemes de salut mental, presentado ayer en la diputación de Lleida con la participación del diputado Fermí Masot; el profesor del a UdL y coordinador de la investigación, Xavier Miranda, y la profesional de la Fundació Intress y miembro de la Taula de Salut Mental Lleida-Segrià, Susanna Balvi.

Entre los principales resultados, Miranda explicó que, de las personas que pueden acceder a la vivienda, la mayoría lo hacen de alquiler y que se encuentra condicionado por dificultades económicas y la precariedad. También destaca el deterioro de la vivienda y la necesidad de rehabilitación, y el hecho de que esté situada en una zona deteriorada y conflictiva. Por su parte, Balvi explicó que las personas que buscan vivienda debían justificar sus ingresos con nóminas y, cuando manifestaban que su fuente de ingresos es una pensión, y vitalicia, “deben dar más explicaciones de la cuenta y justificar de dónde viene derivada”. Asimismo, el informe señala que el 56% de las personas consultadas aseguran haberse sentido discriminadas por su condición como en la interacción con personas del entorno comunitario y en el proceso de búsqueda de un inmueble en el mercado privado.

El objetivo del informe es la caracterización del perfil sociodemográfico de las personas que presentan una discapacidad derivada de una enfermedad mental en el Segrià y su situación actual en relación a la vivienda. El estudio también destaca que la inseguridad en la tenencia de un hogar es uno de los componentes que se relacionan de forma directa con el deterioro de la salud física y mental. Asimismo, se identifican varias formas de discriminación como el rechazo a mostrar o dar información sobre una vivienda disponible; negar el acceso a una persona que ha estado integrada anteriormente en un centro residencual o en una institución; establecer condiciones sobre el alquiler como una renta más alta o un seguro debido a una discapacidad; rechazar dar adaptaciones que sean necesarias, o hacer preguntas sobre una posible discapacidad o enfermedad.