La Diputación de Lleida reconocerá a 537 funcionarios represaliados por el franquismo
La corporación leridana prepara para diciembre un pleno extraordinario y una página web con información detallada de los trabajadores que sufrieron depuración
Ficha de Bernadó Besó, un antiguo trabajador de la Diputación de Lleida.
La Diputación de Lleida ha anunciado que reconocerá oficialmente a 537 funcionarios e interinos que fueron víctimas de depuraciones o despidos arbitrarios durante la dictadura franquista. El acto de reconocimiento se llevará a cabo mediante un pleno extraordinario previsto para diciembre, con el objetivo de reparar la memoria de los trabajadores que sufrieron la represión después del golpe de estado del 18 de julio de 1936.
La iniciativa incluye también la creación de un sitio web específico donde se podrá consultar toda la documentación disponible sobre estos casos. Además, la plataforma digital incorporará un formulario para que los familiares de los afectados puedan inscribirse para asistir al acto institucional. Según ha podido confirmar este medio, la corporación provincial busca así saldar una deuda histórica con estas personas que fueron marginadas por motivos ideológicos.
El minucioso trabajo de investigación realizado por el Servicio de Archivos, Estudios e Información de la Diputación ha conseguido documentar a un total de 701 personas que trabajaron a la institución entre 1931 y 1939. De este conjunto, se ha verificado que 537 fueron sometidas a algún tipo de represalia por parte del régimen dictatorial.
El proceso de depuración franquista
Los expedientes de depuración, amparados por la legislación franquista, tenían como finalidad principal eliminar de la administración a cualquier persona sospechosa de haber colaborado con el bando republicano. El procedimiento se iniciaba con una declaración jurada por escrito donde el trabajador tenía que proporcionar información detallada sobre su situación laboral, afiliación política y sindical, actividades durante la guerra e incluso sobre qué prensa leía habitualmente.
Esta primera declaración se complementaba con una relación jurada posterior y, en muchos casos, con interrogatorios presenciales. El proceso continuaba con informes emitidos por la Delegación de la Falange, la Comandancia de la Guardia Civil, el Gobierno Civil y los alcaldes correspondientes. Con toda esta información, el instructor formulaba los cargos o determinaba la ausencia de motivos para sancionar.
Aproximadamente 450 personas que habían empezado a trabajar a la Diputación después del 18 de julio de 1936 fueron despedidas automáticamente, sin ningún tipo de expediente ni posibilidad de defensa.
