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Prefijos para distinguir las llamadas comerciales
Las empresas deberán usar códigos numéricos distintos para atención y ventas. Las operadoras bloquearán a los infractores
Una joven mirando su teléfono móvil. - FIRMA DE FOTO
La comisión de Consumo del Congreso de los Diputados dio ayer el visto bueno a una iniciativa para frenar las llamadas spam desde los teléfonos fijos, una propuesta planteada por Sumar, que tuvo el respaldo del PP, Junts y ERC, pero no del PSOE. La propuesta, aprobada por 19 votos frente a los 16 en contra que sumaron PSOE, Bildu y Vox y la abstención de PNV y Podemos, se incluirá en el dictamen sobre el proyecto de ley de servicio de atención a la clientela, que salió adelante, no obstante, con 20 votos del PSOE, Sumar, Junts, ERC, PNV y Podemos.
La enmienda aprobada establece la obligación de las grandes empresas a usar un código numérico específico (prefijo) para sus llamadas comerciales, que será distinto al que también tendrán que utilizar para atender a sus clientes. Las compañías telefónicas deberán bloquear las llamadas “de números de tarifas especiales o inteligentes” que no utilicen estos códigos o de las que pudiera haber indicios de que no cumplen con la norma. Y para ello las tendrán que identificar con unos procedimientos técnicos que deberán elaborar y comunicar a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales en un mes, desde la entrada en vigor de la ley.
El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, que ha defendido el contenido de estas enmiendas desde el pasado mes de mayo, cuando las anunció, mostró su satisfacción en las redes porque se ha dado “un paso devisivo” para acabar con las llamadas spam.
El Gobierno había obligado en junio a las compañías de telecomunicaciones que bloqueasen las llamadas comerciales realizadas desde móviles, pero ese tráfico se ha desviado ahora más a numeraciones con prefijos geográficos nacionales.
Atención en lenguas cooficiales
La futura ley de atención a la clientela obligará a las empresas a ofrecer asistencia en las lenguas cooficiales cuando operen en comunidades bilingües. Los grupos nacionalistas destacaron el reconocimiento del derecho a ser atendido en catalán, gallego o euskera. La norma afecta a las grandes compañías.
