A juicio el ‘no’ de Madrid a registrar objetores a abortar

La ministra de Sanidad, Mónica García, anunció ayer que llevará a la Comunidad de Madrid ante los tribunales tras constatar que no ha elaborado el registro de objetores de conciencia que dicta la ley del aborto. García lo calificó como “una rebelión a la ley, a la democracia y a las mujeres” y se preguntó “qué le pasa a la señora Ayuso (presidenta de la Comunidad de Madrid) contra las mujeres”.

García participaba ayer en el acto político 2 años gobernando de Más Madrid junto al secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla. Allí confirmaron que Madrid es la única comunidad autónoma que no ha elaborado el registro de objetores, una vez cumplido anoche el plazo dado por el Ministerio.

“Vamos a ir a los tribunales, iniciaremos los trámites para interponer un contencioso administrativo y la señora Ayuso tendrá que responder ante los tribunales sobre esa obstaculización, sobre esa rebelión que le ha declarado a la ley, a la democracia y a las mujeres de la Comunidad de Madrid”, aseguró García. Añadió que la decisión de la Comunidad de Madrid desoye lo dictado por el Tribunal Constitucional y va en contra de la ley de 2023, que advirtió que se tiene que cumplir. “La señora Ayuso, al más puro estilo trumpista, ha dedicido declararse en rebelión contra el derecho de las mujeres al aborto y ha decidido obstaculizar ese derecho de manera reaccionaria”, anadió García.

Madrid prefiere los tribunales

Por su parte, el consejero de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana, insistió en que el Gobierno regional protege “la vida y la objeción de conciencia” sobre el aborto y ha afirmado que prefiere que sea un tribunal y no un Gobierno “sectario” el que decida sobre el registro de objetores.

Así lo expresó en declaraciones a los medios de comunicación desde el instituto público Juan de la Cierva, donde volvió a destacar que el Gobierno autonómico prefiere que sea un tribunal el que resuelva este asunto. Lo dijo después de que, el pasado viernes, la consejera de Sanidad, Fátima Matute, explicara que el Gobierno regional defenderá, “con la Constitución en la mano”, la libertad de objeción frente al aborto ante la exigencia del Ejecutivo central de implantar el registro de objetores de conciencia.

“Nosotros pensamos que el aborto debe ser legal, seguro y poco frecuente. Nosotros respetamos la Constitución, ley fundamental, ley de leyes y desde luego protegemos tanto la vida como el derecho a la objeción de conciencia”, explicó Viciana.