Los agricultores muestran al Estado los daños que ocasionan los conejos
Para avalar la petición de que autorice biocidas para eliminarlos en fincas agrícolas
Imagen de los asistentes a la reunión de ayer en la subdelegación del Gobierno
Agricultores de Lleida presentaron ayer al subdelegado del Gobierno, José Crespín, un balance de los daños que ocasiona la plaga de conejos en los cultivos. Lo hicieron con un documento que recoge imágenes de los destrozos, aunque no incluyen las hectáreas afectadas o el valor económico de los desperfectos. A la reunión acudieron miembros de la plataforma Pagesos o Conills, Asaja, Jarc, UP y la Federació de Cooperatives Agraries. Con este documento quieren avalar su petición para que el Estado autorice el uso del fosfuro de aluminio para eliminar los conejos en fincas agrícolas. También plantean medidas para combatir su proliferación.
El portavoz de la plataforma, Ramon Boleda, explicó que reclaman acciones como el uso de redes para capturar conejos. Por su parte, Crespín explicó que trasladará el documento al ministerio de Agricultura para que “tome conciencia de la situación”. El objetivo, apuntó, es que el Gobierno y la Generalitat sumen esfuerzos para luchar contra la plaga de conejos que está causando graves daños en los cultivos de las comarcas del llano. Crespín prevé visitar hoy una finca afectada en Verdú. Mientras, la Generalitat impulsa medidas para eliminar más de 285.000 ejemplares hasta el próximo mes de septiembre.
A la espera de la emergencia cinegética y la ley de caza
El departamento de Acción Climática anunció el pasado mes de febrero la declaración de emergencia cinegética en Lleida para favorecer las cacerías de conejos allí donde ocasionen daños a la actividad agrícola. Sin embargo, la conselleria todavía no ha aprobado esta medida. Al margen de ella, la Generalitat anunció tiempo atrás la aprobación de una ley de caza catalana orientada al control de especies cinegéticas como conejos, jabalíes y corzos. Catalunya es la única comunidad de España que carece de legislación de caza propia, y se rige todavía por la ley de caza española de 1970, y lo seguirá haciendo al menos dos años más. La consellera de Acción Climàtica, Teresa Jordà, afirmó en respuesta a una pregunta parlamentaria que la ley catalana podría llegar al Parlament “entre finales de 2024 y principios de 2025” tras someter un borrador inicial a un proceso de participación popular a lo largo de este año.
