El Superior de Justicia deja a un paso de juicio al alcalde de Agramunt
Bernat Solé, que también es diputado de ERC en el Parlament, está acusado de un delito de desobediencia
Bernat Solé.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha dejado a un paso de juicio al alcalde de Agramunt y diputado de ERC en el Parlament, Bernat Solé, por un delito de desobediencia ante los indicios de que apoyó la organización del 1-O en su municipio.
En un auto, que no es firme, la juez del TSJC Mercedes Armas da por cerrada la instrucción de la causa contra Solé, que se abrió a raíz de una querella de la Fiscalía que le acusaba de un delito de desobediencia por participar en los preparativos del referéndum del 1 de octubre en Agramunt.
La querella se deriva de la instrucción que, en vísperas del 1-O, dictó el entonces fiscal general, José Manuel Maza, para que se abrieran diligencias a los ayuntamientos que lo apoyaran, orden que acompañaba de un listado de los 712 ayuntamientos que, según la web de la Associació de Municipis per la Independència (AMI), habían aprobado decretos para poner a disposición del Govern sus locales.
En su auto, la juez aprecia indicios de que el alcalde republicano incurrió en un delito de desobediencia, por haber participado y apoyado en la organización el referéndum en su municipio, pese a que el Tribunal Constitucional le había advertido personalmente de las consecuencias penales de cualquier iniciativa encaminada a llevar a cabo la votación.
Concretamente, la magistrada sostiene que Solé puso a disposición de la Generalitat dos centros educativos de titularidad municipal para el referéndum, ocultó en varias ocasiones las urnas del 1-O para evitar que fueran interceptadas por la policía y llegó a proponer a los miembros de las mesas electorales que pusieran fin a la votación una hora antes de lo acordado.
Además, añade el TSJC, el investigado animó a participar en el 1-O en el transcurso de un acto organizado con motivo del referéndum en el Teatre Casal d'Agramunt, local municipal que la juez entiende fue utilizado con la autorización del Ayuntamiento.
En opinión de la magistrada, con esas iniciativas, el alcalde incumplió la orden del TC que le exigía abstenerse de informar sobre la preparación del 1-O y de dictar acuerdos o decisiones que facilitaran la votación.
La instrucción de la Fiscalía General del Estado llevó a cerca de 70 alcaldes de toda Cataluña a declarar como imputados, aunque el ministerio público finalmente solo denunció a media docena de ellos, entre ellos el de Agramunt, investigado por el TSJC por su condición de aforado al ser diputado de ERC en el Parlament.
