Las defensas piden el archivo de la parte del 'caso Boreas' sobre supuestas irregularidades en contratos de obra pública

El juzgado de instrucción 1 de Lleida, encargado de la investigación del 'caso Boreas' sobre presunta corrupción a la Diputació de Lleida, ha pedido en las partes que le hagan llegar sus consideraciones sobre la parte de la investigación relacionada con supuestas irregularidades en contratos de obra pública.

Las defensas de los investigados, entre los cuales hay empresarios de MyJ Gruas y el exjefe territorial de Carreteras en Lleida, Jordi Benet, ya han hecho llegar al juzgado su petición para que se archive esta parte del caso. Hasta 8 personas fueron detenidas en octubre de 2020 por estos hechos. Por su parte, la Fiscalía acaba de redactar su escrito aunque ha adelantado que mantendrá la acusación contra los principales implicados.

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el 9 de octubre de 2020 siete personas vinculadas a la investigación del 'caso Boreas' sobre presunta corrupción a la Diputación de Lleida que el 2 de octubre de 2018 acabó con la detención del entonces presidente de la Diputació, Joan Reñé, y 23 personas más. De entre los detenidos había empresarios de MyJ Gruas y el entonces responsable territorial de Carreteras en Lleida, Jordi Benet. Todos ellos quedaron en libertad después de declarar.

A raíz de esta investigación, los Mossos d'Esquadra también detuvieron el 13 de octubre de 2020 a otra persona relacionada con las supuestas irregularidades con contratos de obra pública. La detenida era la hija de Benet que, en el momento de la detención, acababa de retirar 20.000 euros de una caja de seguridad de una oficina del BBVA a su nombre. La detenida, que se había escondido el dinero bajo la ropa, quedó en libertad con cargos después de declarar al juzgado.

Ahora, el juzgado que investiga la implicación de estos detenidos en presuntas irregularidades relacionadas con contratos de obra pública -una investigación derivada de la causa principal del caso Boreas- ha pedido a las partes que presenten sus escritos.

Las defensas han pedido el archivo del caso mientras que la Fiscalía acaba de redactar el suyo. Sin embargo, ha adelantado que mantendrá la acusación contra los principales implicados y que es posible que solicite el archivo con respecto a terceras personas presuntamente implicadas.La investigación se inició el año 2014, cuando llegó a la fiscalía de Lleida un acta notarial de una reunión de la empresa M. J. Gruas, en qué se recogía que unos accionistas culpaban los otros de la misma empresa de haber pagado comisiones a Reñé, cuando era presidente de Consell Comarcal del Pla d'Urgell, el año 2010.

En el acta, con fecha de 14 de noviembre de 2014, el asesor jurídico de la empresa decía que "los pagos como consecuencia de la adjudicación son conocidos por todos los miembros del consejo" y reconocía así pagos en efectivo en Reñé y la suya número dos por la adjudicación del mantenimiento de seis plantas depuradoras del Pla d'Urgell: Linyola, Bell-lloc d'Urgell, Barbens-Ivars d'Urgell, Bellvís, Juneda-Torregrossa y Fondarella, el municipio del cual Reñé era y es alcalde.

El acta formaba parte de una documentación de casi 400 páginas, en las que se recogían también algunas de estas facturas, así como correos en qué responsables de empresas como Serboniu, Enginyeria Inalba o M. J. Gruas decían cuándo, cómo y con qué concepto se tenían que hacer las facturas. Los Mossos también detuvieron responsables de estas empresas el 2 de octubre de 2018.