La residencia de Tremp fue "la casa de los horrores", según testigos

Este lunes por la mañana han empezado a declarar la veintena de familiares de víctimas y usuarios de la residencia Fiella de Tremp citados en el juzgado de la capital del Pallars Jussà como testimonios en la causa penal por el brote de covid de noviembre de 2020 en el que murieron 64 de los 142 usuarios del centro.

Evaristo Saura, un familiar de un residente fallecido, ha explicado a los medios que el centro "era la casa de los horrores". "Los dejaron morir", ha denunciado. Saura ha criticado la falta de comunicación por parte de la residencia y ha narrado que al entrar en el centro se encontró a su padre "atado en la cama y tapado con tres mantas". Saura ha añadido que durante días no fue informado del estado de su padre y el primer día que recibió una llamada fue para comunicarle su defunción.

Este lunes han comparecido siete de la veintena de familiares que tienen que pasar por el juzgado de Tremp esta semana para declarar. Les familias han asegurado que detectaron falta de agua, comida y atención.

El abogado de la acusación particular, Xavier Prats, ha explicado que las declaraciones de los familiares han sido "muy claras" para entender la situación que se vivió en la residencia. Sobre todo de tres personas que entraron dentro del centro los días 28 y 29 de noviembre de 2020. Prats ha dicho que uno de los familiares ha descrito la situación como "fantasmagórica" y "de abandono total".

Prats ha narrado lo descrito por un familiar ante el juez la noche del día 29: tuvo que entrar solo, sin ningún control, y sólo con la ayuda de la luz de la linterna del teléfono móvil, habitación por habitación, para buscar a su familiar ya muerto. El abogado ha dicho que los residentes "no estaban en la habitación que les correspondía" y la situación vivida fue "dantesca". Según el abogado, los familiares que entraron en el centro se encontraron gente por los pasillos gritando "socorro", en un ambiente "cargado", con mucho calor y "olor de muerte".

Los familiares han denunciado falta de comunicación y Prats ha añadido que la dirección se limitó a crear un grupo de WhatsApp donde informaba de los positivos y negativos por covid y "poca cosa más". El abogado de las familias ha lamentado que la fase de instrucción se esté alargando y que cuatro años después de los hechos todavía esté en proceso.