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El Parlament avala la ley para revertir el abandono en 203 municipios de Lleida

Día histórico al aprobar el Estatut dels Municipis Rurals con un amplio consenso

Los diputados, aplaudiendo a representantes del mundo local tras la aprobación del texto. - M. CODINAS

Los diputados, aplaudiendo a representantes del mundo local tras la aprobación del texto. - M. CODINAS

Marc Codinas
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El Parlament de Catalunya aprobó ayer el esperado Estatut del Municipi Rural, una legislación pionera que reconoce y protege la singularidad de los municipios rurales. La norma supondrá una discriminación positiva en materia fiscal y de financiación para 203 de los 231 municipios leridanos —el 88%—donde residen cerca de 130.000 personas.

El Parlament de Catalunya aprobó ayer el Estatut del Municipi Rural, un marco jurídico largamente reivindicado que, por primera vez, define lo que es un municipio rural y reconoce la singularidad de los ayuntamientos rurales, con el objetivo de aplicar una normativa adaptada a las particularidades de los pequeños ayuntamientos y herramientas efectivas para combatir la despoblación. En las comarcas de Lleida, la nueva norma tendrá impicaciones en 203 del total de 231 municipios, lo que equivale a un 88%, beneficiando a cerca de 130.000 personas (alrededor de 3 de cada 10 leridanos). El texto será publicado en los próximos días en el Diari Oficial de la Generalitat y entrará en vigor este verano. En Catalunya, el Estatut se aplicará a 608 de los 947 municipios, el 64%.

La norma supondrá una simplificación administrativa para los ayuntamientos rurales, el refuerzo de los servicios públicos, la apertura de nuevas vías de financiación para los municipios pequeños y la introducción de beneficios fiscales para sus vecinos. También establece que todas las políticas públicas deberán incorporar una “perspectiva rural” y analizar su impacto territorial, económico y medioambiental a través de un Mecanismo Rural de Garantía. Para desarrollar este mecanismo, en los próximos meses se creará un grupo de trabajo que determinará cómo se aplicará y que elaborará un informe que detalle qué políticas afectan directamente a los municipios rurales.

La tramitación de esta ley se inició bajo el mandato de Pere Aragonès, pero no se pudo culminar entonces por el adelanto electoral. Finalmente, ha salido adelante en el primer tramo de la legislatura de Salvador Illa, contando con el apoyo de todos los grupos parlamentarios a excepción de Vox, que votó en contra.

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