La vuelta a la austeridad obliga a decenas de ayuntamientos con ahorros a pedir créditos

“Solo gana el banco, y eso no se entiende. Los ayuntamientos somos la administración menos endeudada y la más cercana al ciudadano, y los costes han subido porque, además de la inflación, nos están derivando cada vez más competencias, pero no podemos dedicar el dinero que tenemos ahorrado a dar más y mejores servicios a los vecinos”, lamenta la alcaldesa de Aitona, Rosa Pujol.

La situación de Aitona se repite en la mayoría de los ayuntamientos de Lleida: disponen de un remanente de dinero que tienen depositado en el banco, más de 600.000 euros en el caso de Aitona, pero no pueden utilizarlo para financiar sus obras y servicios desde que, este año, se ha acabado la excepcionalidad fiscal adoptada en toda la UE para hacer frente a la crisis económica asociada a la pandemia. Si quieren invertir o gestionar, han de endeudarse y soportar los intereses de los créditos.

La recuperación de las normas fiscales limita el déficit de las administraciones al 3% en un año y la posibilidad de endeudarse al 60% del PIB. El Estado español supera el 104% en el segundo apartado, en un indicador que mejora porque el crecimiento del PIB es mayor que el de una deuda que no ha dejado de crecer. Y eso le obliga a aplicar unas limitaciones que resultan, como poco, paradójicas para unos ayuntamientos que en su conjunto aportan menos del 1,4% de esa deuda y que en el caso de Lleida presentan números negros en más de dos tercios de los casos: 112 de 231 no tienen deudas y la de otros 55 no llega a 200.000 euros.

El caso de Golmés es paradigmático: con casi 1,5 millones en el banco, el PUOSC (Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya) le ha asignado 142.000 euros para construir una pista deportiva en 2027, pero la Generalitat no les transferirá ese dinero hasta que presenten las certificaciones de ejecución de la obra; y, al no poder ejecutarla con cargo al remanente se han de endeudar.

“No podemos adelantar la obra aunque tengamos el dinero. Nos ponen trabas, y eso hace que tengamos que pagar los intereses desde que la ejecutemos hasta que cobremos las certificaciones”, señala el alcalde, Jordi Calvís. “Los ayuntamientos estamos saneados, pero nos obligan a soportar el agujero de otras administraciones”, añade.

El caso de Térmens, que tiene 1,3 millones en el banco y que está acabando de pagar una serie de obras como el campo de fútbol, el centro social y el de servicios, también incluye rasgos delirantes. “Tenemos pulmón de sobras para acabar de pagar los créditos, pero si pedimos usar el remanente nos van a decir que primero saldemos las deudas, y eso en nuestro caso nos obligaría a renunciar a una línea de financiación al 1% para tener que abrir otra al 4% o el 5%”, explica la alcaldesa, Concepció Cañadell.

“Esto nos perjudica a los pequeños ayuntamientos, que hacemos las cosas bien”, coinciden los tres alcaldes.

La deuda local se reduce a la mitad y la del resto crece

La administración local (ayuntamientos, comarcas y diputaciones) ha reducido su deuda casi a la mitad en doce años, de los 44.003 millones que marcaron su máximo en 2012 a los 22.837 actuales, según el Banco de España. De ellos, 18.427 son de los ayuntamientos, con el 29% (5.348) en los 13 de más de 300.000 vecinos. Esa deuda supone el 1,36% del total de las administraciones. En esos 13 años, la deuda del Estado pasó de 799.066 millones a 1,53 billones, la de las comunidades de 189.183 a 338.151 millones y la de la Seguridad Social, de 17.188 a 126.174 millones.