Una firma busca hidrógeno bajo tierra junto al Alcanadre
La DGA autoriza sondeos en una zona de 26.700 ha de siete municipios

Minera de Santa Marta, del Grupo Samca, buscará el gas en esta zona del Baix Cinca.
Minera de Santa Marta, del Grupo Samca, ha obtenido la autorización del Gobierno de Aragón para efectuar sondeos en busca de hidrógeno en el subsuelo de una zona de 26.700 hectáreas que se extiende por siete términos municipales: Ballobar, que es el que da nombre al proyecto, Ontiñena, Velilla de Cinca, Fraga, Candasnos, Saidí y Osso de Cinca.
El hidrógeno blanco, al que algunos señalan como uno de los combustibles del futuro, se forma de manera natural en el subsuelo, donde forma bolsas.
La zona en la que va a buscarlo la filial de Samca incluye el cauce y la ribera del río Alcanadre y la red de barrancos que vierte al Cinca. En el aluvial del tramo medio de ese río, en Monzón, se ubica el otro permiso de prospección para buscar hidrógeno verde que se ha expedido en Huesca, y que hasta ahora era el primero del Estado.
El servicio provincial de la consejería de Presidencia, Economía y Justicia en Huesca ha emitido tres autorizaciones por las que habilita a la firma minera, con sede en Zaragoza e integrada en el grupo industrial de la familia Luengo, para sondear durante un año tres zonas colindantes de 297 cuadrículas mineras (8.910 hectáreas) cada una de ellas.
Las tres zonas forman un cuadrado con una diagonal entre Ballobar y Candasnos y otra entre el final de la variante de Fraga y las sierras orientales de los Monegros.
Los permisos tienen una vigencia de un año y el programa de trabajos, “cuyo objetivo se centra en la exploración de hidrógeno natural para su uso como fuente de energía”, tiene un presupuesto de 76.500 euros.
Los permisos incluyen la obligación de ejecutar los trabajos de sondeo, que básicamente consisten en estudios geológicos y en la captación de imágenes satelitales, “mediante técnicas que no alteren sustancialmente la configuración del terreno”. No podrán abrir caminos.
Disparidad en los informes inciales de los ayuntamientos
Los ayuntamientos afectados han reaccionado de manera dispar a la consulta previa del Gobierno de Aragón. Así, el de Candasnos declinó pronunciarse porque “no se detallan las afecciones concretas a fincas” que pueden derivarse de esos permisos. El de Ballobar optó por emitr un informe “favorable de un modo genérico” por estimar que la actividad “merece la consideración de interés público o social”. Ontiñena plantea que debe evaluarlo el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental.