Treinta y cuatro municipios de Lleida rehabilitan casas con ayudas para alquiler social y 6 renuncian

Hasta 34 ayuntamientos se han acogido a las ayudas para la rehabilitación de vivienda en el marco del proyecto para el Reto Demográfico de la Diputación y otros seis han renunciado a las subvenciones por distintas causas (ver claves). Los que las han rechazado son Castellserà, La Granadella, La Portella, Ivars de Noguera, Farrera y Vilamòs. El objetivo de esta línea de subvenciones, que se puso en marcha en 2022, era subvencionar la compra, construcción, rehabilitación y mejora de edificios residenciales públicos para destinarlos a vecinos o recién llegados en alquiler para convertirlos en primera residencia. El alquiler es de un mínimo de 10 años y el dinero destinado superó los 3,6 millones. Según el responsable de Reto Demográfico y vicepresidente de la Diputación, Agustí Jiménez, la previsión es renovar esta línea de ayudas de cara al año que viene porque ha sido un éxito y tendrá más dotación para evitar rechazos. “En esta convocatoria el máximo por consistorio ha sido de 100.000 euros y entiendo que había proyectos que suponían una mayor cuantía”, indicó.

En el caso de Castellserà, el alcalde, Marcel Pujol, explicó que la ayuda se pidió en 2022 y con ella pretendían comprar dos pisos de la Sareb. Sin embargo, “cuando llegó la resolución de la Diputación, a finales de 2023, y pudimos comenzar los trámites, ya se habían vendido a particulares. La alcaldesa de La Granadella, Elena Llauradó, explicó que pretendían restaurar un tercer piso del antiguo edificio de los maestros, pero “había un okupa” y no se pudo optar a la convocatoria. El alcalde de Vilamòs, Oriol Sala, explicó que pretendían rehabilitar un local en Era Bordeta, pero el elevado presupuesto final les obligó a cambiar el proyecto. 

En Ivars de Noguera, se renunció a esta subvención porque las arcas municipales no tenían fondos para adelantar las obras de rehabilitación de la vivienda donde estaba previsto actuar. Según el alcalde, Josep Magrí, el ente provincial ya debía ayudas concedidas en 2018 y 2019 que se tuvieron que adelantar de fondos municipales y “no pudimos afrontar esta reforma”. 

El ayuntamiento de Farrera, por su parte, tuvo que devolver la ayuda, ya que la casa donde se preveía hacer vivienda social estaba en suelo no calificado como urbano. En La Portella la renuncia responde a que las obras previstas para remodelar el edificio donde alojar a familias suponían una inversión muy elevada.