Los 135 síndicos tendrán la última palabra tras 15 intensas reuniones

La comunidad de regantes del Canal d'Urgell ha presenado a lo largo de quince intensas sesiones desde el 8 de septiembre el proyecto de modernización a los usuarios e interesados en sendas asambleas informativas.

La principal consecuencia a raíz de los primeros debates fue el aplazamiento de la asamblea general que debe dar luz verde al proyecto de modernización prevista para finales de este mes al 21 de diciembre. Finalizados los debates, en muchos casos verdaderamente acalorados en la intervención de los payeses, cada colectividad tendrá que reunirse de nuevo para ratificar el faraónico proyecto.

La inquietud ha sido un sentimiento generalizado a la salida de cada una de estas reuniones porque, por regla general, nadie ve claro como se financiará parte de una intervención tan costosa. Que queden fuera de la financiación para llevar el agua hasta las fincas los agricultores no profesionales, los arrendatarios de tierras y los jubilados, que representan un 75% del total es el talón de Aquiles de esta macroiniciativa. De hecho, es muy probable que las colectividades no se reúnan para votar sí o no a la modernización hasta que los dirigentes de la comunidad de regantes o la conselleria de Agricultura pongan encima de la mesa un sistema de financiación inclusivo en la parte del amueblamiento de las fincas que beneficie a todos por igual y sea asumible, según trascendió tras las reuniones del pasado mes. Tienen tres meses hasta finales de diciembre, pero ya se vislumbra la posibilidad de un nuevo retraso de la asamblea general. El presidente, Amadeu Ros, ya informó en las asambleas que se trabaja en ello con partidos políticos, Generalitat y Estado.

Cómo se votará en cada colectividad, qué pasará si alguna decide no votar y qué sucederá si alguna se decanta por el no a modernizar son asuntos todavía por definir. Lo único claro es que serán los 135 síndicos los que tendrán la última palabra en la asamblea de fin de año en representación de las 70.000 hectáreas del área regable. Unas ordenanzas anacrónicas no facilitan la unificación de criterios y hacen que cada una de las 20 colectividades sea diferente. Al margen queda la colectividad 21 de Artesa de Segre, que no se ha constituido y no tiene derecho a voto. El sentimiento común de la mayoría de los regantes en las asambleas ha sido el de “quiero, pero no puedo”. Son conscientes de que hay que modernizar “pero no a cualquier coste con una población envejecida y sin relevo generacional”, aseguran muchos. Coinciden en que las obras tendrían que haberse planteado hace veinte años y ahora hay que adaptarse sí o sí.

Convocan a los alcaldes por el precio del agua de boca

Un total de 123 núcleos de población de 57 municipios se abastecen de agua potable desde el Canal d’Urgell, lo que equivale al agua que consumirían 4.200 hectáreas del total. El próximo 14 de octubre los alcaldes están convocados en la Casa Canal para conocer el proyecto de modernización y cuál será el coste a pagar por los abastecimientos y, lo más importante, cómo hay que financiarlo.

Los ayuntamientos también tendrán que votar si están de acuerdo con el proyecto que implicará en alguno de los casos cambiar parte de las redes de abastecimiento. Cada municipio tiene asignados un número de votos en función de los habitantes. Como ejemplo, Mollerussa tiene asignados 542 votos y Juneda 127. Otra de las dudas que genera la modernización es cómo afectará el precio del agua a los distintos usuarios, ya no solo payeses y ganaderos, también en los municipios, industrias y saltos de agua.

El representante de los abastecimientos y alcalde de Castellnou de Seana, Andreu Balagué, apuntó que el próximo día 14 hay que presentar una propuesta sobre los costes. Los saltos hidroeléctricos son los terceros afectados.

El suministro desde el Canal d’Urgell está regulado por la Casa Canal, que establece un calendario de cierres para dar agua a los pueblos.