Ningún cauce de río ha sido delimitado en Lleida 40 años después de ordenarlo la ley

Ni un solo kilómetro de río ha sido deslindado en la demarcación de Lleida en los 40 años que lleva en vigor la ley de Aguas, un mandato que sigue vigente y que encomienda a las confederaciones hidrográficas “el apeo y deslinde de los cauces de dominio público” para determinar “la posesión y la titularidad dominical a favor del Estado”.

¿Qué significa ese mandato? La obligación de delimitar hasta dónde llega el río y qué franja ocupa la “zona de policía” de cien metros a partir de cada orilla, algo que permitiría deslindar con precisión si una actividad puede o no instalarse en sus inmediaciones. El cauce no es el lecho del río sino “el terreno cubierto por las aguas en las máximas crecidas ordinarias”; es decir, el espacio que ocupa el caudal en la media de las crecidas de las que haya datos disponibles. Y a partir de esa línea se calculan una zona de servidumbre de cinco metros y, después, la de policía, “en la que se condicionará el uso del suelo y las actividades”, establece el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

Esa delimitación objetiva, con líneas definidas, evitaría conflictos como los que generan algunas iniciativas urbanísticas y de equipamientos en barrios como Cappont, en Lleida, o el Molí de l’Esquerrà, en Balaguer; y despejaría las dudas sobre el desarrollo de actividades como la acampada. Parece evidente la necesidad de disponer de una delimitación de ese tipo, y de sus actualizaciones, en una etapa de aumento de la torrencialidad por el cambio climático.

El Gobierno central, que abandonó hace tres lustros el Proyecto Linde, cuyo objetivo era ejecutar los deslindes, ha optado, en aplicación de la normativa europea, por otras vías que en la cuenca del Ebro se traducen en la “delimitación técnica teórica, cartográfica o probable del dominio público hidráulico” que propone elaborar el vigente Plan Hidrológico con “los estudios técnicos de los que se disponga, elaborados o validados” por la CHE (Confederación Hidrográfica del Ebro).

Esa cartografía que “incorpore los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación” es “una herramienta básica para la gestión de ese riesgo por las administraciones”, explican fuentes de la CHE, que sostienen que, tras el cambio de plan, las definiciones del cauce y de sus zonas laterales “cambian o se amplían para ser más ambiciosas y tener sobre todo en cuenta características ambientales y de protección de personas y bienes ante las inundaciones”.

La necesidad del deslinde

“Los deslindes administrativos no son necesarios para la gestión y protección del dominio público hidráulico encomendada a las Confederaciones, donde sólo interesa la delimitación técnica”, añaden.

Esa cartografía está disponible para tramos que suman 464,5 km en la demarcación de Lleida, de los que muestran las zonas susceptibles de ser inundadas por avenidas con retornos de 10, 50, 100 y 500 años y las áreas de “flujo preferente”, que son la combinación de las áreas de desagüe más intenso en las crecidas habituales y las zonas en las que es probable que se produczan “daños sobre las personas y los bienes” cuando llega la de 100 años de retorno.

Hay mapas con ese nivel de detalle en 223,6 km del Segre y 65,9 de afluentes como el Sió y el Set; 74,2 del Pallaresa y 28,7 del Ribagorçana, en ambos casos con sus tributarios; 58,3 del Garona y 13,6 de otros sistemas fluviales de menor entidad.

Esas estimaciones son una de las bases de los PGRI (Planes de Gestión de Riesgos de Inundación), de los que el Supremo sentenció el año pasado varias veces que “no cabe duda de que (...) ostentan naturaleza de disposiciones de carácter general”, es decir, de rango normativo. Aunque no está claro el alcance de ese reconocimiento judicial. “Quizás convendría detallar en el próximo ciclo de actualización, cuáles son las determinaciones normativas de los PGRIs, atendida la amplitud de contenidos de estos, más allá del programa de medidas”, dice Laura Salamero, profesora de derecho administrativo de la UdL.

❘ lleida ❘ Una amplia mayoría formada por PSC, Junts, ERC, Els Comuns, PP y AC avaló el pasado 1 de octubre el decreto que regula la nueva normativa de prevención de riesgos por inundación en los campings catalanes, que en los últimos años están alcanzando unos registros de afluencia de récord al mismo tiempo que crece su exposición a esos eventos hidráulicos como consecuencia del cambio del régimen de precipitaciones por el cambio climático. La nueva normativa excluye a estas zonas de acampada del marco general de los planes de autoprotección, que desde hace una década deja la iniciativa para elaborarlos en manos del titular de la actividad expuesta a riesgos para dejar el calendario de la evaluación de los riesgos en un organismo denominado Comisión Técnica de Campings. El “procedimiento de comprobación de la viabilidad” de los campings se pondrá en marcha, instalación por instalación, en función de un “orden de prioridad” que establecerán, “en función de la necesidad de intervención por razones de seguridad de las personas”, la ACA (Agència Catalana de l'Aigua) y la dirección general de Protección Civil. El nuevo marco afectará a los campings situados en áreas inundables por las crecidas de retorno de 500 años de los ríos y a los “susceptibles de inundación por criterios geomorfológicos” de su ubicación y a los que se hallen en “áreas susceptibles a una dinámica fluvial”. En función del riesgo, la comisión decidirá si el establecimiento sigue operando, aplica medidas correctoras, instala un sistema de alerta o cierra de noche.