Línea eléctrica soterrada por una zepa

La conselleria de Agricultura ha sacado a información pública la relación de afectados por un proyecto asociado a la construcción de la red de distribución del regadío del Segarra-Garrigues en el sector 13, en concreto, la línea subterránea de 25Kv para la alimentación de la estación de bombeo que lleva el agua a la balsa de distribución de Llardecans. La Generalitat ya ha dado luz verde a esta actuación para la cual ya se ha hecho un proyecto de impacto medioambiental que prevé soterrar la línea eléctrica que atraviesa una zona de especial protección de aves (zepa), que comienza en la estación de bombeo para elevar caudales del Segre en Aitona y llega a la balsa de regulación en Llardecans. Además de soterrar la infraestructura eléctrica en la zepa, se contemplan medidas para reducir al máximo el impacto, según explicó el presidente de la comunidad de regantes del Segarra-Garrigues, Josep Maria Jové. En total, las obras afectan a una treintena de fincas de las que once son propiedad del ayuntamiento de Aitona y otras, de las empresas Fenix Fresch, Utxesa 3 SL, Naca Agraria y varios particulares.

Esta intervención se impulsa justo cuando sindicatos y plataformas agrarias, además del Segarra-Garrigues, reclaman a la Generalitat poder regar en zonas zepa de secano tras más de 20 años vetadas a cualquier tipo de intervención para la protección de las aves esteparias, una medida que ha generado una fuerte oposición entre los payeses, que exigen, bien poder regar en dichas zepas o compensaciones justas por acogerlas. Los ecologistas, por su parte, rechazan cualquier modificación en las áreas protegidas de secano (ver página 14).

Según Jordi Vidal, concejal de Aitona, responsable de Medio Ambiente, “no puede ser que desde el Govern y Urbanismo se autorice el paso de una línea eléctrica por una zona zepa mientras que al mismo tiempo se están imponiendo fuertes restricciones a los payeses que quieren regar y mantener su actividad agrícola tradicional en fincas de secano. O bien la zona es lo suficientemente sensible ambientalmente y es preciso protegerla de verdad, o bien se reconoce que tiene usos compatibles regulados. Lo que no es admisible es aplicar criterios diferentes según quien sea el afectado. Esta desigualdad envía un mensaje equívoco ya que parece que el que menos impacto genera es el que acaba con mayores restricciones”, dijo. Vidal respaldó las reclamaciones de los sindicatos y plataformas agrarias y exige “flexibilidad, tal como se ha hecho con la instalación de esta línea eléctrica, además de compensaciones económicas suficientes para los afectados por la limitación de uso. No aceptaremos que Aitona sea tratada con una doble vara de medir y si la zepa es intocable, ha de serlo para todos. Si caben infraestructuras como las eléctricas, también ha de haber soluciones para que los payeses puedan seguir trabajando la tierra”, puntualizo.

Por su parte, el presidente del Segarra-Garrigues, Josep Maria Jové, indicó que “toda la impulsión del sector 13 atraviesa zona zepa, pero se han aplicado medidas correctoras para evitar el impacto evitando infraestructuras aéreas, lo que muestra que es posible compatibilizar riego y conservación”. Según Jové, del sector 13 ya riegan 500 hectáreas y la previsión es dejar preparado el riego para que puedan adscribirse otras 1.500 la próxima campaña.

El juzgado Contencioso-Administrativo de Lleida convalidó en julio la decisión del ayuntamiento de imponer a la empresa pública Aguas del Segarra-Garrigues (ASG) la obligación de obtener licencia de obras y pagar las tasas municipales correspondientes para construir una subestación eléctrica que forma parte del sistema del canal.