Una docena de alcaldes gratuitos en las comarcas leridanas

Todo el mundo, por ley, tendría que pasar por el ayuntamiento, uno por uno”, sostiene Pere Pedrol, alcalde de Camarasa desde que, a comienzos de octubre, relevó a Elisabet Lizaso en el cargo para lo que queda de mandato. Pedrol es uno de los 30 alcaldes de la demarcación de Lleida que le salen gratis a su ayuntamiento, según los datos del ministerio de Hacienda. Y es, al mismo tiempo, uno de los 12 que no perciben ningún tipo de retribución por el desempeño de cargos públicos, algo que sí reciben los otros 18 en otras instituciones.

La lista de alcaldes que no cobran por su labor la completan Maria Carme Ribó, de Alàs i Cerc; Alidé Sans, de Bausen; Juan Carlos Lastera, de Canejan; Pere Joan Piñol, de Els Torms; Josep Maria Sebastià, de Espot; Rafael López, de Gósol; Meritxel Capdevila, de Maldà; Llorenç Ros, de Menàrguens; Santiago Cisquella, de Oliola; Jordi Pallé, de La Guingueta d’Àneu, y David Mir, de Riu de Cerdanya.

“Al final estamos para tirar adelante del pueblo. Le meto mucha dedicación, toda la que puedo, aunque algún día no puedo ir al ayuntamiento”, explica Pallé, emprendedor que opera en la hostelería y la energía, entre otros ámbitos. “Me gano bastante bien la vida”, anota. Pone el coche para los desplazamientos y el móvil para las gestiones en un ayuntamiento con otra peculiaridad: una concejala del equipo de gobierno cobra la ayuda de la Generalitat para cargos públicos, una indemnización que tiene entre otros objetivos el de disuadir de prácticas caciquiles. “Decidimos hacerlo así para que no se perdiera”, indica.

Sin embargo, la imagen del político frugal no es la más extendida gracias a perfiles infames como los del exministro José Luis Ábalos, su asesor Koldo García o Vicente Sanz, aquel implicado en el caso Naseiro que soltó aquel “estoy en política para forrarme” errónamente atribuido al exministro Eduardo Zaplana, reo de corrupción. “Fastidia, pero es lo que hay”, apunta Pallé sobre esa imagen.

“Pasar por el ayuntamiento es una experiencia”, señala Pedrol, agricultor, ganadero y gestor de una casa de turismo rural que empezó como concejal el 2019, quien recalca que “nadie me ha obligado, nadie me ha puesto una pistola en el pecho para ser concejal ni alcalde, y tampoco milito en ningún partido. Y dentro de dos años, cuando acabe, me iré a casa con la conciencia tranquila”.

“Mi renta está bien, y gracias a que tengo tres trabajadores muy buenos puedo dedicar tiempo a mi pueblo sin desatender mi ocupación”, explica.

Los concejales de Camarasa decidieron hace dos mandatos no cobrar por ir a plenos ni pasar dietas o gastos de gasolina ante la angustiosa economía municipal. De hecho, la anterior alcaldesa renunció a la ayuda para cargos públicos. “Había deuda, ¿cómo íbamos a cobrar? Ahora estamos económicamente bien”, señala el alcalde, partidario de “intentar aplicar las recetas de la economía familiar al ayuntamiento: si hay que ir, se va; pero ir por ir, no”.

Su antecesora plantea, no obstante, el debate sobre la remuneración de los cargos públicos, un debate que lleva 25 siglos abierto en Occidente, desde que Aristóteles planteó en su Política las diferencias entre democracia, aristocracia, oligarquía y tiranía. “Queremos políticos profesionales y que respondan pero que nos salgan gratis. Hay que dignificar la política, en la que el 90% de la gente que está tiene los mismos problemas que cualquier vecino para llegar a fin de mes”, indica.

“Es un debate abierto”, coincide David Mir, de Riu de Cerdanya. “Un ayuntamiento implica mucha dedicación, y en nuestro caso es todo voluntariado”, explica. “Riu es un pueblo pequeño en el que nunca se ha cobrado, y pensamos mantenerlo así. Implica muchas horas, pero no es exclusivo”, añade.

La alcaldesa de El Pont de Suert, Iolanda Ferran, no le sale al ayuntamiento, ni de lejos, por los 51.661 € de sueldo que le atribuye Hacienda. No cobra como edil, aunque sí como delegada de la conselleria de Cultura de la Generalitat en el Pirineo.