Vecinos de Balaguer denuncian “prácticas fradulentas” en el padrón
Pagos de entre 300 y 1.600 euros por empadronar en viviendas a personas vulnerables. La Paeria investiga cuando sospecha de irregularidades
Imagen de archivo de La Paeria de Balaguer. - E.FARNELL
Vecinos de Balaguer alertan de un presunto negocio ilegal, basado en empadronar a personas en viviendas particulares de forma fraudulenta a cambio de entre 300 y 1.600 euros. Esta práctica, ya detectada en otros municipios de la demarcación de Lleida, aprovecha la vulnerabilidad de migrantes y personas sin recursos para acceder a ayudas, sanidad o regularizaciones.
El padrón municipal, regulado por la ley de bases del Régimen Local, obliga a inscribirse en el domicilio habitual real. Es un registro bajo gestión municipal, pero con supervisión estatal (vía INE). Los ayuntamientos pueden dar de baja de oficio las inscripciones fraudulentas con un expediente administrativo.
Las multas administrativas dependen de las ordenanzas locales y oscilan entre los 100 y los 600 euros en casos leves, y hasta 750 a 3.000 euros si se miente para obtener beneficios indebidos. Situaciones graves como falsificación de documentos o estafa suponen delitos y pueden ser castigados por la vía penal. Cobrar por empadronar conlleva además la anulación de todos los registros irregulares y una posible denuncia por lucro ilícito.
La alcaldesa de Balaguer, Lorena González, desconocía ayer denuncias concretas de ciudadanos, pero insistió en que la ley estatal limita las competencias municipales. “No tenemos control sobre el catastro ni sobre las cédulas de habitabilidad”, dijo. Asimismo, añadió que si se detectan “posibles” concentraciones de empadronamientos en domicilios, se activa un seguimiento a través de la Guardia Urbana e identificaciones. Para personas sin domicilio fijo, son los servicios sociales y la Policía Local los que rastrean casos ligados a bolsas de vivienda. Reclamó “seguridad jurídica” para evitar “efectos llamada” sin vulnerar derechos. En noviembre, Junts per Balaguer presentó una moción en el pleno para una nueva ordenanza para unificar criterios, detectar fraudes y sancionar infracciones. Propusieron que la Generalitat debía de gestionar casos atípicos y alertaron de que estas prácticas “desvirtúan el padrón y agravan precariedad”.
Los Mossos d’Esquadra alertaron el pasado otoño a los ayuntamientos del Segrià de una ola de intentos de empadronamientos irregulares o fraudulentos en varios municipios de la comarca.
