Azcón expone a recortes del ‘Aragón first’ al 60% del censo de la Franja

Jorge Azcón, presidente en funciones del Gobierno de Aragón y que esta tarde renovará el cargo, expresó ayer, en el discurso con el que abrió el debate de investidura, “el sentido claro de la prioridad nacional” que recoge el pacto PP-Vox: establecer baremos de acceso a las ayudas sociales que, respetando la ley, demuestren el arraigo territorial y la aportación al sistema de quienes las reciben, sea cual sea su ncionalidad”.

Es decir, que la medida resulta aplicable a cualquier ciudadano con independencia de su origen territorial. Y eso, cuando la letra pequeña del acuerdo habla del “establecimiento de un periodo mínimo reforzado de arraigo, empadronamiento y vinculación con el territorio”, expone a los recortes a casi un 60% de los habitantes de la Franja, un área en la que la movilidad geográfica resulta especialmente intensa y más entre los ciudadanos europeos, entre los que predominan los comunitarios, españoles incluidos.

Apenas el 42% de los habitantes del Baix Cinca (11.650 de 24.958) y la Llitera (6.909 de 18.790) viven en su municipio de origen, lo que indica que casi un 58% (25.189) ha cambiado de municipio (5.385), provincia (1.290), comunidad (9.140) o Estado (9.374). No se trata de movimientos del todo estables ni entre los extranjeros por los flujos migratorios ni entre los locales, estos últimos por las dificultades de acceso a la vivienda y las ofertas de empleo, ya que los padrones municipales de esas dos comarcas registran cada año más de 2.000 altas, 2.350 en 2022, el último año con datos en el IAEST (Instituto Aragonés de Estadística).

De la fecha de la última mudanza y de la regulación normativa de ese Aragón first dependerá que varios miles de ciudadanos puedan, o no, acceder a las ayudas sociales. La cuarta parte de los nuevos vecinos (566) llegan del territorio del Estado y el resto (1.784) de otros países. De estos, casi dos tercios (61%) son europeos, que doblan a los africanos (28%).

“Necesitamos a los extranjeros, pero los recursos son limitados”

■ “La prioridad nacional es un concepto político que va a estar limitado por el principio de legalidad”, sostiene Maria José Vicente, alcaldesa de Saidí (34,4% de vecinos de origen extranjero) y diputada autonómica del PP, que hoy apoyará el pacto de su partido con Vox que introduce ese concepto en la política aragonesa. “No tiene sentido pensar que en los pueblos nos vamos a quedar sin extranjeros, los necesitamos; pero los recursos públicos son limitados y hay que aplicar criterios en su reparto”, anota. “En Chalamera hay población extranjera asentada y con vínculos desde hace años”, explica Santiago Villas, alcalde de esa localidad (16% extranjeros) por el PSOE. “No se debería diferenciar por la nacionalidad, pero sí entre si se trabaja o no y si se ha delinquido o no”, anota.