Rosell reclama al Estado 30 millones de indemnización

El expresidente del FC Barcelona, Sandro Rosell, ha presentado una demanda de responsabilidad patrimonial, en la que solicita al Estado una indemnización de 29.754.465,02 euros, en compensación por los 22 meses que pasó en prisión preventiva, dentro de la causa de la que finalmente fue absuelto, según publicaba el diario El Mundo. Rosell ya había interpuesto anteriormente una querella contra la magistrada que lo mantuvo en prisión, Carmen Lamela. El relato de los 645 días que Rosell pasó en prisión lo explica en un libro de reciente aparición y que ha titulado “Una Forta Abraçada”.

Según El Mundo, Rosell quiere que el dinero que reclama lo paguen jueces, policías y fiscales, y que en ningún caso lo pague el contribuyente. Concretamente, el expresidente azulgana solicita 28.062.950 por lucro cesante, es decir, las pérdidas de sus negocios al entrar en prisión; 200.000 por daño psicológico; 405.000 por daño reputacional; 320.000 por daño afectivo y 766.465,02 por daño emergente, es decir, gastos derivados de su ingreso en prisión.

Una vez descontados los gastos jurídicos del proceso, Rosell ha decidido que el resto del dinero se destine a actos benéficos, como ya está haciendo con los beneficios de su libro. El empresario fue absuelto por la Audiencia Nacional el 24 de abril, tras haber sido acusado de blanquear comisiones de partidos de la selección brasileña de fútbol y un contrato de esponsorización con Nike. Junto a Rosell, también fueron declarados inocentes los otros cinco investigados, entre ellos su socio, Joan Besolí.

Besolí, que también estuvo dos años en prisión, ha interpuesto a su vez otra demanda con los mismos argumentos. Reclama una indemnización de 2.152.924 euros. El desglose de la misma es de 200.000 € por daño reputacional, 360.000 per daño afectivo y 1 millón por el psicológico, ya que su defensa ha recordado que el hijo de Besolí quedó en silla de ruedas cuando el ingresó en prisión y no pudo visitarlo hasta “muchos meses después”. En concepto de daño emergente per los gastos derivados del ingreso en prisión reclamaba 212.924 euros y, per la pérdida de ingresos, otros 400.000 euros.