Expediente a Soteras y sus directivos, entre ellos Espasa

El Tribunal Català de l'Esport (TCE) ha admitido a trámite la denuncia presentada por la Secretaría General del Deporte y de la Actividad Física a raíz de una carta firmada por Oriol Camacho, actual secretario general en funciones, en la que se detallan supuestas irregularidades graves en los procesos electorales de la Federación Catalana de Fútbol (FCF) celebrados en 2022 y 2023.

Según la resolución del pasado día 9 a la que ha tenido acceso SEGRE, el organismo deportivo ha acordado abrir expediente disciplinario contra el presidente de la FCF, Joan Soteras, el propio Oriol Camacho, José Miguel Calle y otros miembros de la junta directiva, entre ellos el delegado de la Territorial de Lleida, Josep Maria Espasa, así como contra personal federativo. El resto de expedientados son Jordi Bonet, Albert Montull, Pere Alsina, Francesc Borrega, José Cosano, Jacobo Doménech, Juan Núñez, Esteve Olivella, Fernando Peña, Miquel Piñol, Jaume Plaza, Alberto Prieto, Alejandro Guerrero, Sergio Garrido, Maria Barbancho y Álvaro Montoliu. Se les atribuyen presuntas infracciones muy graves, entre ellas abuso de autoridad, usurpación de atribuciones y actos destinados a alterar o predeterminar los resultados electorales.

El TCE señala hechos especialmente graves, como la sustitución de juristas imparciales por personas de confianza, la desconexión de cámaras de seguridad, el uso de actas notariales falsificadas y la utilización de recursos materiales y humanos de la Federación para favorecer la candidatura de Soteras durante las elecciones. En el caso de Oriol Camacho, el Tribunal reconoce su condición de denunciante protegido por la Oficina Antifraude de Catalunya. Además, deja abierta la posibilidad de atenuar o incluso exonerar su responsabilidad, si se demuestra que actuó bajo coacción, presión jerárquica o en un contexto de represalias. El procedimiento disciplinario ha quedado suspendido por prejudicialidad penal, dado que los mismos hechos están siendo investigados por un juzgado de Sabadell, en el marco de la causa penal abierta por presunta corrupción en la FCF.

La solicitud de admisión a trámite la hizo la anterior secretaria general del Deporte, Anna Caula, tras la carta enviada a la entonces vicepresidenta del Govern, Laura Vilagrà, en la que se solicitaba la apertura del expediente.