Piden cárcel para Esteve
Fiscalía mantiene su petición de 6 años para el expresidente del Lleida Esportiu por fraude a la Seguridad Social. El Lleida CF queda libre de cargos, pero sigue como responsable civil

Una vista general del juicio que tuvo lugar ayer en la Audiencia de Lleida. - JORDI ECHEVARRIA
La Fiscalía mantiene su petición de seis años de prisión para Albert Esteve, a quien acusa de un delito contra la Seguridad Social por un presunto fraude en las cotizaciones de trabajadores, entre ellos técnicos y futbolistas, del Lleida Esportiu. Según el Ministerio Público, el importe defraudado asciende a 828.801 euros, tras acotar el periodo investigado entre septiembre de 2014 y agosto de 2018 (inicialmente se situaba hasta febrero de 2019 por 893.455 euros). Además de la pena de cárcel, solicita una multa equivalente al triple de la cantidad (2.486.403 euros) y la devolución íntegra a la Seguridad Social.
Al inicio de la vista celebrada ayer en la Audiencia de Lleida, tanto la Fiscalía como la Tesorería de la Seguridad Social retiraron la acusación penal contra las dos sociedades implicadas –el Lleida Esportiu y su sucesor, el Lleida Ponent CF–, aunque mantienen su condición de responsables civiles subsidiarios.
Esteve, que solicitó sentarse junto a su abogado durante el juicio, negó luego frente al tribunal –respondiendo solo a preguntas de su letrado– cualquier conducta fraudulenta. Afirmó que ni él ni la entidad cometieron irregularidades, subrayando que la actividad estaba sujeta al control de la Real Federación Española de Fútbol, requisito imprescindible, según indicó, para tramitar licencias y contratos. También atribuyó a un despacho de abogados la gestión documental exigida por la federación, insistiendo en que el club operaba bajo supervisión constante.
El juicio, que se prolongó durante cinco horas, incluyó la comparecencia de diversos testigos y peritos. Entre ellos, el exjugador Carlos Lázaro, dos subinspectores de Trabajo y el perito judicial Josep Estradé, designado por el TSJC a petición del Lleida CF. Los inspectores señalaron la existencia de “infracotización” y otras irregularidades en cerca de 90 contratos. No obstante, sus declaraciones evidenciaron, en algunos puntos, dudas sobre las particularidades contractuales y el funcionamiento cotidiano de una entidad deportiva. La defensa, tanto de Albert Esteve como del Lleida CF en la persona de Marc Torres, trató de cuestionar la solidez de estas conclusiones apoyándose en el informe pericial de Estradé, quien cifró el posible perjuicio económico en 335.762 euros, muy por debajo de la cantidad sostenida por la Fiscalía. De esa cifra, Torres situó la eventual responsabilidad civil subsidiaria del club en 247.978 euros.
En sus conclusiones, la defensa negó la existencia de ánimo defraudatorio y sostuvo que la acusación se basa en “presunciones e incertidumbres” que no acreditan la comisión de delito. Torres planteó que, en caso de apreciarse responsabilidad, esta debería limitarse a las cantidades fijadas por el peritaje. El juicio quedó visto para sentencia.
“Es delito porque creemos que hubo un plan previo”
El caso pivota sobre dos cuestiones clave: la existencia o no de una voluntad deliberada de defraudar y la discrepancia sustancial en la cuantificación del supuesto perjuicio económico. La resolución judicial deberá dirimir ambas, determinando si los hechos constituyen un delito o, en su defecto, una infracción de carácter administrativo con consecuencias exclusivamente civiles. La fiscal mantuvo que, además de “existir defecto de cotizaciones e infracotizaciones” a la Seguridad Social, se había cometido un delito argumentando que hubo “una maniobra osbtructiva y elusiva” al declarar los inspectores de Trabajo que, en la primera intervención que pretendían llevar a cabo en 2018, un vigilante de seguridad les impidió el paso y posteriormente, en la segunda llevada a cabo el 5 de octubre de 2021, pudieron acceder acompañados de la Guardia Civil, pero sin que nunca les facilitaran datos ni encontraran colaboración por parte de los directivos del club. Por su parte, el letrado de la Seguridad Social, afirmó que era un delito y no una infracción administrativa “porque entendemos que hay un plan previo. Estamos ante una directiva con perfil profesional que saben lo que se hacen”. La defensa de Albert Esteve, en cambio, sostuvo que “no es ilegal hacer contratos a tiempo parcial” tratándose de futbolistas la mayoría no profesionales que estudiaban o trabajaban.
El fallo judicial puede aliviar de forma decisiva la carga del Lleida CF
¿Cómo puede afectar al Lleida CF el sentido del fallo de la sentencia? De entrada, al retirar las acusaciones contra las dos entidades, el Lleida Esportiu y el Lleida Ponent CF como sucesor, ya no hay crédito contingente al desaparecer la amenaza de multa de 2,4 millones de euros. Y si, además, se redujeran a 335.000 euros como fijó el perito judicial los casi 829.000 que la acusación sostiene que se defraudaron a la Seguridad Social, la deuda del club tendría una rebaja considerable de cara a su situación concursal. Además, cuando la due diligence detectó un posible riesgo económico de 9,1 millones de euros, 4 millones estaban vinculados a posibles responsabilidades penales.