Apuesta por el libre comercio

La Unión Europea (UE) quiere afianzar el modelo creado con el acuerdo de libre comercio con Canadá (CETA), que entró en vigor el jueves de forma provisional, para que sirva de base para su futura política comercial, a pesar de que su legalidad aún está bajo lupa.

Tras siete años de negociaciones, el pasado 30 de octubre la UE y Canadá firmaron finalmente el acuerdo, considerado por ambas partes como el más ambicioso que hayan alcanzado nunca. Desde el jueves, se eliminan los derechos aplicados al 98% de los productos que la UE comercia con Canadá y da protección en su territorio a 143 indicaciones geográficas, alimentos y bebidas regionales europeos de alta calidad, como quesos o bebidas alcohólicas.

Según la Comisión Europea, las firmas europeas ahorrarán 590 millones de euros al año en aranceles y las pymes serán las principales beneficiadas.

También apunta que ofrece a las empresas de la UE “el mejor acceso hasta ahora” a compañías de fuera de Canadá para licitar en las contrataciones públicas de ese país, no solo a nivel federal sino también a nivel provincial y municipal.

Para Bruselas, el CETA marca el camino para el futuro de su política comercial y su compromiso con el libre comercio.

“Engloba lo que queremos que sea nuestra política comercial, un instrumento para el crecimiento pero también para proteger nuestros valores, controlar mejor la globalización y dar forma a las normas comerciales globales”, dijo el presidente de la CE, Jean-Claude Juncker, de cara a la entrada en vigor del acuerdo.

Una de las principales novedades del tratado es la inclusión de un proyecto de tribunal multilateral para solventar los conflictos Estado-inversor, pero no se aplicará hasta que el acuerdo entre plenamente en vigor, cuando los parlamentos nacionales y regionales competentes de los Estados miembros lo hayan aprobado.

Para la CE este mecanismo garantiza la independencia de los jueces y la posibilidad de apelar, y en su opinión deja claro que los países podrán legislar de manera no discriminatoria para proteger a sus ciudadanos.

En cambio, la comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, aseveró que la negociación de futuros acuerdos como los que proyectan con Australia y Nueva Zelanda “por el momento no incluirá” el dispositivo de protección de inversiones, aunque podrá añadirse más adelante.